Fernanda Durán
El diputado Mauricio Ramírez Konishi estima que al cierre de mayo el adeudo que sostiene el Gobierno del Estado con los Fondos de Pensiones administrados por la Dirección General de Pensiones llegue a más de 4 mil millones de pesos, por lo que presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a fin de que establezca un plan de pagos que a corto plazo subsane la deuda.
El legislador proyectó que el crecimiento del adeudo tome un ritmo de aumento de mil millones de pesos cada seis o siete meses, con base en las actas de la junta directiva de la Dirección General de Pensiones, mismas que reflejan la inacción del Gobierno ante dicha problemática.
Explicó que hasta marzo de 2023, el adeudo ascendió a 3 mil 657 millones de pesos, pero podría ser mayor, ya que la cuantificación oficial no incluye adeudos ni pagos de los Poderes Legislativo y Judicial, ni los correspondientes a los Organismos Públicos Descentralizados y Autónomos.
“Los casi 3 mil 700 millones son el 6 por ciento del total del presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio 2023. El adeudo a Pensiones es casi tres veces el presupuesto anual del Poder Judicial; casi doce veces el presupuesto de este Poder Legislativo; cincuenta por ciento superior al presupuesto del Sistema Educativo Estatal Regular y del DIF, poco más de mil millones de pesos superior al de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Para términos más prácticos, dos terrenos de la Ford”.
En tribuna, Ramírez Konishi señaló que el Gobierno del Estado es consciente del problema, ya que lo ha considerado como “riesgo relevante” en su planificación de egresos 2023, enviada al Congreso del Estado, pero si se continúa con una tendencia al alza, provocaría que las calificadoras de deuda bajen la calificación del estado, lo que implicaría también un incremento en las tasas de interés, lo que afecta las finanzas públicas en la entidad.
El Ejecutivo en 2022 estimó el colapso de los Fondos de Pensiones de los Sectores Burócratas y Maestros de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para el 2027 y 2032, respectivamente, y con ello se comprometió a analizar, reestructurar y fortalecer acciones para enfrentar los efectos de la actualización del riesgo.
Ante la inacción y lo prometido hace seis meses, el diputado consideró necesario que “de forma eficaz se atienda el problema mediante acciones contundentes que repercutan en la aplicación de los recursos económicos necesarios”.
La actual administración ha manifestado que los montos millonarios se arrastran desde la administración de Juan Manuel Carreras López, los cuales no ha logrado solventar debido a que dejó un pasivo de mil 128 millones de pesos y dos fondos, los más pequeños, quebrados: el de los trabajadores de la Dirección General de Pensiones y de Telesecundarias.
Los afectados por este último fondo se manifestaron el martes pasado para exigir el pago de la pensión de mil 600 jubilados que el Gobierno no ha cubierto por falta de recursos, según lo que les han informado las autoridades estatales, respuesta que fue puesta en duda por los inconformes.
Mientras tanto, el exhorto será analizado y dictaminado en la comisión de Hacienda de Congreso del Estado.
