Octavio César Mendoza
La imagen genera un impacto emocional provocado por la mezcla de sentimientos de estupor, indignación y temor: un grupo de alrededor de 15 hombres de diversas edades eleva el cañón de sus fusiles al cielo, en algún lugar de “El Naranjo”, San Luis Potosí. Parece un incipiente levantamiento armado, y la pregunta es obvia: ¿Qué está ocurriendo en el tema no sólo de seguridad, sino de gobernabilidad, para que brote este fenómeno? Se anuncian como autodefensas y son liderados por una persona que, previo al acto de demostración de fuerza, ha hecho llegar una carta al presidente de la República, con copia para el ex secretario de Gobernación, la secretaria de Seguridad, y el gobernador del Estado, en la cual expresan que su decisión es consecuencia de los ataques de grupos de la delincuencia organizada en la región hacia sus personas y sus bienes. En dicho ocurso revela que él ha sido objeto de dos ataques en su contra, y que uno de sus colaboradores fue ultimado; también, acusa al alcalde de este municipio de tener una actitud sospechosa, y dice que el gobernador minimizó la denuncia.
Omito los nombres de esta introducción previa y a lo largo de la columna porque creo que el necesario análisis del contexto general del fenómeno, sin juicios ni prejuicios, es la mejor forma de estudiarlo a fondo. A la par de la necesaria investigación referente al tema de los atentados, así como de la persecución de los criminales que operan en esa próspera región de la Huasteca Potosina, el entorno social de El Naranjo no se asemeja al que en su momento vivían los habitantes de la llamada Tierra Caliente, en Michoacán, y que llevó a crear cinturones de seguridad constituidos por hombres armados que iniciaron la conformación de las llamadas autodefensas en el año 2012. La operación de grupos de la delincuencia organizada, en ese Estado y en ese tiempo, generó una era de terror que alcanzaba niveles de psicosis colectiva entre los ciudadanos, y afectaba no sólo a una persona o a un grupo de personas: eran municipios y regiones enteras las que estaban asoladas por los enemigos de la dignidad humana; era la sociedad en su conjunto, y cualquiera podía ser víctima de secuestro, homicidio, violación, tortura, extorsión y robo de forma sistemática.
Por lo general, cuando un grupo social se anuncia como autodefensa, lo hace para hacer ver al gobierno que su lucha no es contra las instituciones, sino que buscan participar de la defensa de sus poblaciones y que, de hecho, están llamando al Estado a unirse a su causa, a apoyar con más fuerzas de orden policial y militar la protección de sus personas y sus bienes. Una autodefensa, por ende, no es enemiga de los gobernantes, no cuestiona su autoridad y si acaso ejerce una crítica de la inoperancia del sistema, lo hace a modo de alerta; sin embargo, y a partir del análisis del contexto local, ahora hay que pensar si detrás de este anuncio no hay una advertencia de reacción antagónica entre dos fuerzas, y cuál es su relación con el conjunto de la sociedad en la que desempeñan sus actividades. ¿Existen rencillas personales? ¿Se ha dado un desencuentro de dichas fuerzas por la posesión de tierras, por la apropiación de recursos, incluso por la comisión de delitos? ¿Está bajo amenaza toda una sociedad, si no se dota de armamento y estrategia defensiva a dicha sociedad?
Sin juicio ni prejuicio, lo que es importante advertir es cuánto afecta de fondo la gobernabilidad del territorio donde una autodefensa anuncia su operación, por la consecuente interacción violenta entre dicha organización y sus enemigos, considerados estos últimos como delincuentes por los primeros, y si las motivaciones tienen origen en causas sociales (agravios comunes) o en causas individuales (agravios particulares), ya que armar a ciudadanos para defender territorios y personas no es lo mismo que armar ciudadanos para iniciar una guerra contra enemigos no visibilizados por la sociedad en general. Además, para ello se requiere financiamiento, organización y, aunque velado, un acompañamiento de las autoridades civiles y militares. Sin esa colaboración, y sin una justificación común generada por la ausencia total del Estado de Derecho en un territorio, no se puede probar la entera razonabilidad del anuncio del inicio de operaciones de un grupo autodenominado como autodefensa, porque esta también cae en el supuesto de organización criminal, o bien, puede tener motivaciones políticas subyacentes.
No olvidemos que hace poco tiempo se detuvo a un líder criminal que invadía terrenos particulares enarbolando banderas sociales, o que otros personajes de la Huasteca Potosina han tomado como asunto personal la confrontación política, lo cual ha derivado en hechos de sangre. Los intereses mundanos incendian las pasiones humanas. ¿Pueden ser los reacomodos de grupos de poder los resortes que impulsan estos anuncios? ¿Es un intento de desacreditar al gobierno? ¿Quiénes están detrás de estos actos de propaganda bélica? Sin mencionar un solo nombre y para seguir con la tónica de análisis llano, creo que el secretario general de Gobierno del Estado de San Luis Potosí está perfectamente enterado de las operaciones territoriales de los diversos grupos e intereses y liderazgos de cada región, así como de sus metodologías y finalidades y, por ello, los medios de comunicación y las supuestas voces críticas de la ultraderecha deben ser conscientes de que la alarma y el espacio otorgado a este fenómeno, es propaganda abierta contra la gobernabilidad, porque saben que al cuestionar la gobernabilidad y el Estado de Derecho se hacen visibles los razonamientos de sus críticas constantes a la operatividad del Estado; pero deberían estar más preocupados por dar crédito a la legitimidad de acciones como esta, no vaya siendo que en defensa de las autodefensas, terminen involucrados en conductas inmorales como la apología de la violencia.
El primer paso para comprender este fenómeno es el que dan los actores de la indignación subversiva y las autoridades civiles y militares para sentarse en una mesa a estudiar lo que está ocurriendo, antes de sentir inspiraciones justicieras, o de sustituir la inteligencia con la barbarie de la violencia, o de hacer juicios y ejercer prejuicios sobre las personas, los gobiernos, y las regiones. La Ley es el único mecanismo que puede ser accionado para defender al pueblo, y el desencadenamiento de acciones se deriva de la denuncia, la persecución y la sanción de quienes delinquen, y no de confundir el agua con el aceite: en San Luis Potosí no existe justificación para la aparición de autodefensas, porque existe gobernabilidad, Estado de Derecho y democracia. Lo que menos hace falta, es incendiar la pradera cuando recién se empezaron a apagar los fuegos políticos de un pasado que buscaba mantener al Estado en el más sórdido de los rezagos sociales: el de la violencia sistémica con finalidades de control social y de poder. No se tiene nada qué temer cuando se es libre.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Nació en San Luis Potosí en 1974. Actualmente es director de Publicaciones y Literatura de la Secretaría de Cultura, y también dirige la Casa del Poeta Ramón López Velarde y la Editorial Ponciano Arriaga. Ganó el Premio Nacional de la Juventud en Artes en 1995 y el Premio 20 de Noviembre en 1998 y 2010. Ha publicado siete libros de poesía y uno de cuento. Fundador de las revistas Caja Curva y CECA, también colaboró en Día Siete, Tierra Adentro, entre otras. Asesor de Marcelo de los Santos Fraga de 1999 a 2014, siendo él presidente municipal, gobernador y director de Casa de Moneda de México.
