Fernanda Durán
El diputado René Oyarvide Ibarra del Partido del Trabajo (PT) presentará hoy jueves ante el Pleno del Congreso del Estado tres iniciativas con contenido plagiado de artículos provenientes de la Constitución Política del Estado de México y de un estudio de la doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, María de Montserrat Pérez Contreras, publicado en 2008.
La primera iniciativa plantea adicionar tres párrafos al artículo 7 de la Constitución de San Luis Potosí, con el fin de elevar a rango constitucional el Derecho Humano a la Ciudad; mismos párrafos que fueron exactamente copiados del artículo 5 de la Constitución del Estado de México.
En la gaceta de la sesión ordinaria número 73 aparecen otras dos iniciativas cuyo contenido fue plagiado por el legislador; una que busca la protección a la familia y la segunda el derecho a la no discriminación de las mujeres y a una vida libre de violencia. Ambas contienen fragmentos idénticos de la Constitución del Estado de México y del estudio de la doctora María de Montserrat Pérez.
La iniciativa de protección a la familia propone adicionar dos párrafos al artículo 8 de la Constitución política local, de los cuales uno –el más extenso– fue copiado del párrafo ocho del artículo 5 de legislación del Estado de México, el cual fue reformado desde 2010. Apenas dos líneas son auténticas.
Además, en la exposición de motivos de la misma iniciativa (página 30 de la gaceta) se transcribe durante 10 páginas parte del texto titulado Violencia contra la mujer. Comentarios en torno a la ley general de acceso a la mujer a una vida libre de violencia, de María de Montserrat Pérez Contreras; incluso se adjuntó la misma bibliografía que utilizó la investigadora, al grado de que los hipervinculos llevan a su trabajo, sin que se mencione su nombre ni el de su investigación en ninguna parte.
El mismo trabajo de la investigadora fue utilizado en la argumentación de la tercera iniciativa que presentará Oyarvide Ibarra, con la que busca reformar los artículos 4 y 8 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado. El “copy-paste” ocurre desde el último párrafo de la página 58 hasta la página 62 de la gaceta.
Incluso las citas bibliográficas del texto publicado por la investigadora fueron usadas como fuentes de la iniciativa presentada por el diputado.
Iniciativas desactualizadas
Al ser consultada al respecto, la abogada Claudia Espinosa Almaguer no sólo detectó las coincidencias con la publicación de la investigadora, sino que también señaló diversas anomalías como la confusión de términos, la desactualización y la falta de coherencia en la motivación de las reformas.
La abogada además de indicar que “hay una confusión severa entre lo que entiende el diputado entre proteger a la familia, el derecho a la no discriminación de las mujeres y a una vida libre de violencia”, mencionó que entre los argumentos se alude a juzgar con perspectiva de género, pero esto no abona en nada, ya que cualquier juez en el estado lo debe hacer.
Otro de los errores que señala la abogada es que en la exposición de motivos de la reforma al artículo 8 se indica que la modificación abona a combatir el delito de violencia familiar marcándolo como el menos denunciado, pero que, al contrario, en San Luis Potosí y a nivel nacional es el más denunciado solo por debajo del robo.
“Dice que el delito busca proteger la dignidad y contra tratos crueles y no, busca proteger el derecho de los integrantes de una familia a vivir sin violencia justamente”.
Espinosa Almaguer explicó que todo lo que se citó de la autora ya cambió, lo que conlleva a un fundamento desactualizado sin tomar en cuenta los avances en la legislación y Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés).
Refirió que desde 2008 se creó un proceso penal distinto y en 2011 el concepto de garantías individuales se modificó a derechos humanos, no obstante, las citas del diputado aluden a las garantías individuales.
En cuanto a las reformas para la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado se pretende “actualizar” la definición de la violencia digital e incorporar la modalidad de la violencia mediática donde se incluye la actuación del ministerio público, pero de acuerdo con la especialista esta modificación no es competencia de la legislación local, sino que corresponde al Codigo Nacional de Procedimientos Penales.
Hacen a un lado la Alerta de Violencia de Género
Claudia Espinosa, quien también es investigadora en política destinada a prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, destacó que en ninguna de las propuestas se hace mención de la Alerta de Violencia de Género (AVG) vigente en seis municipios de la entidad.
La investigadora insistió en que la medida de justicia y reparación establecida en la declaratoria de AVG en el estado, la cual tiene que ver con una agenda legislativa, no es atendida por el Congreso del Estado.
En consecuencia, la abogada afirmó que actualmente hay modificaciones y reformas que no son indispensables y no sirven para abonar a la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Recordó que, si bien en la administración anterior se instaló un grupo de trabajo con especialistas y académicas para revisar, analizar y proponer reformas en la materia de derechos para las mujeres, adolescentes y niñas, los resultados no avanzaron en el Poder Legislativo, ya que fue politizado por la anterior legislatura.
Por lo que desde la publicación del tercer dictamen del cumplimiento de las Medidas de AVG publicado en 2022, el estado de San Luis Potosí no reporta ningún avance sobre esta medida, ni sobre las iniciativas en cuanto a las agendas legislativas o a la creación del grupo de trabajo que revise y analice los derechos de las mujeres y niñas.
Espinosa Almaguer ha informado que entre enero y abril de 2023, de acuerdo con cifras a nivel nacional, en San Luis Potosí se recibieron 5 mil 865 llamadas al 911 por incidentes relacionados con agresiones a mujeres de las cuales 4 mil 184 son violencia familiar.
En consecuencia, se iniciaron 223 carpetas de investigación por violación, 719 por lesiones, 3 mil por violencia familiar y 37 por probable homicidio o feminicidio, además, entre los 100 municipios con incidencia de presuntos feminicidios Soledad de Graciano Sánchez ocupa el lugar número nueve y la capital el número 45 en la lista.
