Por Victoriano Martínez
Con la declaratoria de Área Natural Protegida la Sierra de San Miguelito no ha dejado de estar en peligro de una depredación inmobiliaria, no sólo en los márgenes externos del polígono de protección, sino también dentro de las zonas protegidas… y de ello dan cuenta las acciones judiciales emprendidas por los llamados barones del concreto.
Hasta ahora sólo se conocían las estrategias que habían aplicado para aprovechar algunos resquicios en el proyecto de Plan de Manejo del ANP, que aún se encuentra en proceso de aprobación luego de que la consulta pública concluyó el pasado 19 de mayo.
De los más de diez amparos que se presentaron en las semanas siguientes a la publicación del decreto el 13 de diciembre de 2021, en marzo pasado sólo se sabía que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ya sólo tenía que atender cuatro.
Lo que no se sabía es que entre esos cuatro se encuentra el expediente número 1364/2021, tramitado en el Juzgado Cuarto de Distrito, que –por lo expuesto en una reunión realizada el pasado viernes entre empresarios inmobiliarios, su abogado y comuneros de San Juan de Guadalupe– no sólo abre la posibilidad a que resurja el proyecto Las Cañadas, sino a que se anule la ANP.
Los 74 minutos que duró esa reunión –cuya grabación en audio se presenta al final de este texto– dan cuenta de un millonario patrocinio empresarial para los juicios; un activo y hasta sospechoso cabildeo con magistrados, jueces, secretarios de acuerdos y peritos; una presión y manipulación contra los comuneros, y una reacción de sometimiento por parte de éstos.
Los puntos tratados en esa reunión abren un capítulo en el que se establece un nuevo juego de fuerzas entre quienes promovieron la declaratoria de ANP y lograron el apoyo del Ejecutivo federal y quienes ahora exhiben que se pliegan al Poder Judicial Federal para combatir los avances en la protección ambiental de la Sierra de San Miguelito.
El abogado de los comuneros, patrocinado por los empresarios inmobiliarios, Gustavo Barrera López, prácticamente celebró la factibilidad de esa alianza con el Poder Judicial al mencionar a los reunidos que la impugnación de la Presidencia a la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa se la turnó a la magistrada Norma Piña… y de inmediato la desechó.
Como parte de este nuevo capítulo se reproducirán las historias de asambleas comunales con quórums forzados, con riesgo de que sean simuladas, con algún tipo de confabulación con representantes de autoridades agrarias, con… alguna de las irregularidades del amplio catálogo que se han utilizado en el pasado, pero también con la certeza de que habrá quien las denuncie.
Se trata de el caso con mayores alcances de la historia del acoso inmobiliario en contra los núcleos agrarios –comunales y ejidales– ya que abre la posibilidad de revertir la protección a toda la Sierra de San Miguelito, con todos los servicios ecológicos que les presta a las zonas urbanas de su entorno, y su consecuente aportación para volver sustentable el futuro de la ciudad.
Un tema totalmente ausente y avasallado en la reunión, en la que del único futuro del que se habló fue sobre el que tiene que ver con supuestamente garantizarle buenos ingresos a las familias de los comuneros, a quienes –de entrada– se les reclamó garantizar de alguna forma la restitución “de lo que ya se les ha pagado”.
Algo así como que, si para los comuneros se garantizan algunos ingresos, para los inversionistas serán los mayores.
El negocio y los jugosos ingresos como principal atractivo. El compromiso con la protección al ambiente y el equilibrio ecológico que proteja la vida de las futuras generaciones difícilmente podría tener cabida donde se privilegia la ganancia voraz.
El acoso inmobiliario contra los núcleos agrarios es un riesgo creciente que se vive en torno a las áreas conurbada que, en el caso de la Sierra de San Miguelito, incluye una seria agravante: la amenaza a la preservación ecológica de un extenso territorio que le presta servicios ambientales a mucho más de un millón de personas.
