Por Victoriano Martínez
¿Cuántos espectaculares ve en el trayecto de su casa a su trabajo con el logotipo del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona y las machaconas frases “ya se nota” y “en San Luis sí hay apoyo”, o –con el logo del ayuntamiento de Enrique Galindo Ceballos– el soflamero “se acaba el agua”? ¿No siente que lo quieren impresionar y engañar antes que informar?
¿Qué tanto le fastidia la invasión de pendones en prácticamente todos los postes de avenidas con información sobre “pintamos”, “pavimentamos”, “iluminamos”, y demás acciones que pretenden presumir como si no fuera su obligación corresponder al pago de impuestos con obras? ¿No percibe como que le quieren ver la cara y lo tratan como idiota que no ve lo que está enfrente?
¿Cuántos spots de radio escucha al día que hablan de un gobierno del cambio, de diversas acciones, ayudas sociales y demás presuntos logros que rematan con los mismos slogans? ¿No siente ganas de que lo dejen escuchar la música sin esas interrupciones, instrucción de “báñese en tres minutos” incluida?
Y si está escuchando un programa de su agrado o un noticiero, sea en radio o en televisión, ¿qué siente cuando lo interrumpen con esa propaganda tan invasiva? O peor, cuándo en el contenido del programa o noticiero aparecen esos personajes en entrevistas presuntamente periodísticas que en realidad se desarrollan a modo para que presuman, con pago de por medio.
¿Cuántos medios de información consulta en Internet? ¿En cuántos ve exactamente la misma información incluso con texto idénticos palabra por palabra, errores ortográficos incluidos?
¿No le da curiosidad saber cuánto de los impuestos que paga se gastan esos personajes ansiosos por aparentar y ser vistos como lo que muy poca voluntad tienen de ser? Desde que la mercadotecnia política se inventó, ocupar cargos públicos se ha vuelto mucha simulación… y más si es un puesto de elección popular, pues lo ven como trampolín para la siguiente elección.
Prácticamente todas las dependencias gubernamentales, desde ayuntamientos a organismos autónomos, pasando por los tres poderes, cuentan con un presupuesto asignado para áreas de comunicación social y campañas de propaganda cuyo uso se pervierte por la vocación politiquera –antes que de auténtico servicio– de los personajes… con escasísimas excepciones.
Los funcionarios con mayor presupuesto se exhiben como los más abusivos. El gobernador Gallardo Cardona con 78 millones 939 mil 752 pesos (página 28) para el concepto “Servicios de Comunicación y Medios”, y el alcalde Galindo Ceballos 70 millones de pesos (página 15) bajo el concepto “Servicios de Comunicación Social y Publicidad”.
Ese afán por gastar el erario (dinero que no les pertenece) para crearse una imagen personal (violación al artículo 134 de la Constitución) y que todo mundo los volteé a ver, contrasta con la opacidad con la que derrochan los impuestos (violación a las Leyes de Transparencia).
De acuerdo con el Almanaque de Estadísticas Globales de la Plataforma Estatal de Transparencia, sólo 22 de los 259 sujetos obligados han publicado, al 14 de julio –a cuatro días de vencido el plazo para hacerlo–, los formatos sobre “Gasto en Publicidad”, y entre ellos no se encuentran ni los del gobernador ni los del alcalde. Les gusta figurar, pero no informar, aunque los obligue la ley.
La opacidad en los gastos en publicidad lleva una tendencia creciente, al grado de que se puede afirmar que se trata de un apartado en el gasto público en el que la transparencia se encuentra en extinción: En enero, habían publicado formatos el 15.35 por ciento de los sujetos obligados; para julio, el porcentaje cayó al 8.84 por ciento.
Se trata sólo del cumplimiento cuantitativo, es decir, si cumplieron con publicar o no el formato que debe contener la información. Que hayan publicado esos documentos no garantiza que los archivos contengan los datos pertinentes, como se puede constatar en la mayoría de los casos en los que tampoco se informa, sino que sólo se reporta que la información “no se genera”.
Una simulación que, en los hechos, muestra que se trata de un caso de transparencia extinta, sin que los responsables de garantizar que eso no ocurra, los comisionados de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) hagan algo… o cuando menos den señales de que ese organismo existe.
