Fernanda Durán
Aunque desde el 16 de mayo de 2015 la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) está facultada para otorgar la certificación como institución educativa libre de violencia escolar a las escuelas del Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) que lo soliciten, ocho años después no ha establecido los requisitos ni el área encargada para realizar la tarea.
La sexagésima legislatura aprobó diversas reformas a los artículos 21, 25 y 29 de la Ley de Prevención y Seguridad del Estado y Municipios, así como el 26 de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos con lo que se instauró la figura de Comité de Prevención y Seguridad Escolar, además de la facultad para certificar a las escuelas libres de violencia; dichas modificaciones entraron en vigor en mayo de 2015.
Desde la entrada en vigor del decreto 992, la CEDH contó con 45 días naturales para expedir las bases, lineamientos y requisitos que debían observarse para la tramitación y otorgamiento de la certificación de institución educativa libre de violencia escolar de forma anual por parte de los directores de cada plantel.
Sin embargo, fue hasta la primera mitad de este 2023 que la CEDH y el Congreso del Estado comenzaron a revisar el tema, ya que a través de las solicitudes de información con folios 2404772230000041 y 240477223000050, el organismo informó que no ha recibido peticiones o certificado escuelas, y tampoco cuenta con archivos que contengan los requisitos para obtenerla.
Durante el pasado mes de mayo, Jesús Israel Monjarás Ávila, quien fungía como director de Educación y Capacitación de la CEDH, estableció contacto con la Comisión de Educación del Congreso a fin de conocer qué instituciones o autoridad del Estado posee los requisitos para la certificación de escuelas libres de violencia, así como la gratuidad o costo de este elemento y las acciones que habría llevado a cabo el Poder Legislativo para que se cumpla.
Tras una serie de consultas con la entidad defensora y la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), la presidenta de la Comisión de Educación, Claudia Tristán Alvarado, concluyó que no hay información sobre escuelas certificadas ni entes obligados que hayan realizado acciones para lograr la certificación que garantice una vida libre de violencia en los planteles educativos.
“Ante los alarmantes casos de violencia escolar presentados por diversos medios de información” la diputada se comprometió a impulsar reuniones de trabajo con la SEGE y el SEER, con el objetivo de implementar acciones para lograr la certificación de escuelas libres de violencia.
Debido a los distintos casos y denuncias sobre docentes violentadores, la diputada Claudia Tristán señaló que pese a que existen sanciones o ceses, no ocurren de forma expedita, puesto que cada caso está sujeto a investigación, además de que se trata de una consecuencia por falta de seguimiento por parte de la CEDH.
“Se constituye el Comité de Seguridad y Prevención, ¿y después el seguimiento el asesoramiento el acompañamiento? Yo creo que la autoridad tiene que dar seguimiento para que las comunidades escolares trabajen de manera funcional en beneficio de los menores eso es lo más importante (…) que la escuela sea realmente un entorno seguro”, señaló.
CEDH justifica falta de regulación
Sergio Montoya, actual director de Educación y Capacitación en la CEDH, señaló que el organismo no ha actuado debido a que hay una laguna legal en la Ley de Prevención y Seguridad Escolar, pues en el artículo 29 indica que la CEDH calificará a las instituciones libres de violencia, mientras el transitorio habla de otorgar la certificación.
A pesar de que existe la diferencia conceptual, en la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos no aparece esta disparidad, ya que sólo se menciona la certificación.
“Cuando le atribuyen a la Comisión Estatal de Derechos Humanos esta atribución no viene acompañada de una partida presupuestal, porque son poco más de 10 mil planteles escolares en San Luis Potosí de escuelas públicas las que podrían solicitar que la Comisión las calificara o certificara con una previcidad de validez de esa calificación o certificación de nada más un año”, agregó.
El director detalló que para dar atención gratuita y atender las solicitudes de los planteles se requiere presupuesto, además de que en la reforma no fijaron el área que debe realizarlo, por lo que existe un vacío legislativo y tampoco ha habido alguna institución educativa que haya solicitado la certificación.
“A día de hoy no sabemos en la Comisión, no hay la forma de que diga qué área está encargada de hacerlo, muchos voltean a ver esta área de educación, pero la verdad es que en el reglamento de la Comisión y ni en la ley dice qué área, tenemos otra dirección de equidad o la Secretaría Ejecutiva”.
Comisión de Educación promete coordinación entre instituciones
Por su parte, Tristán Alvarado consideró no se trata de una diferencia de conceptos, sino de una certificación diferenciada con calificación, pero el transitorio no ha sido cumplido con cabalidad, ya que la Comisión ya debió implementar los mecanismos para hacerlo.
Mientras tanto, la diputada afirmó que iniciaron las pláticas para gestionar reuniones con el titular del SEER, Crisogono Sánchez Lara, así como con Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la SEGE, e incluir la educación indígena para revisar el tema durante el actual periodo de receso legislativo.
Añadió que desde la promulgación de las reformas en 2015 a la fecha, se instalaron los comités de prevención y seguridad escolar, pero no hay un seguimiento de las condiciones en las que operan ni acompañamiento en las escuelas “hasta que hay alguna eventualidad entonces se revisa”.
A la vez, aseguró que comenzará la coordinación con la CEDH para revisar si ya emitió el protocolo para la certificación y aclarar quién debe revisar las condiciones de cada escuela cada año, e implementar las líneas de acción a través de los comités estatales, municipales y en planteles de prevención y seguridad escolar.
“Ya lo hemos socializado con SEGE y SEER; nos falta hacerlo con educación indígena y con la CEDH para que lo más inmediato posible se subsane lo que se requiera y ante las problemáticas actuales se ponga en marcha ese mecanismo. Porque los comités están y funcionan, pero les falta acompañamiento y seguimiento para esa figura de la certificación”.
La violencia en las escuelas
En el transcurso de enero a julio de 2023, la CEDH recibió un total de 135 quejas por hechos de violencia en escuelas; 94 de ellas provenientes de planteles de la SEGE y 41 del SEER.
Entre los principales hechos violatorios de las 135 quejas, 47 fueron por omitir llevar a cabo acciones para evitar el acoso escolar o la violencia estudiantil; 30 quejas por maltrato a los estudiantes; 27 derivadas de acciones y omisiones que vulneraron los derechos de la personas menores de edad; y 22 fueron quejas por no brindar una educación de calidad.
El organismo también admitió cuatro quejas por tratos que degradaron la dignidad, la honra o la imagen de las personas; dos por evitar acciones para eliminar cualquier práctica discriminatoria, y otras dos por acciones de discriminación a las personas por su origen étnico, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opiniones o preferencias sexuales.
Un ejemplo de estos casos de violencia se dio el pasado mes de abril en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, donde una estudiante de la Escuela Secundaria General Profesor Juan Miranda Uresti se suicidó tras ser víctima de bullying durante varios meses, de acuerdo con Torres Cedillo.
Luego de darse a conocer el caso, el funcionario informó que se activaron los protocolos ante dicha situación y que se contaría con un grupo interdisciplinario de psicólogos y trabajadores sociales para atender en esa institución todos los casos que surjan en la comunidad estudiantil.
