María Ruiz
El fiscal general José Luis Ruiz Contreras culpó a las anteriores administraciones estatales de los obstáculos operativos, institucionales y jurídicos que enfrentan las niñas y mujeres en sus procesos de justicia.
Esto luego de que se dio a conocer el Diagnóstico sobre los Panoramas de Acceso a la Justicia de Niñas y Mujeres Víctimas de Violencia de Género en el estado de San Luis Potosí, realizado por Educación y Ciudadanía A.C.
En el estudio se señaló la constante omisión por parte de las autoridades que, desde el 2016 al 2022, han perpetuado una gran falta de capacidad institucional, una agenda publica carente de perspectiva de género, y en el caso de la Fiscalía General del Estado (FGE), una constante obstaculización de justicia y deficiencia en la defensa de las víctimas.
“Es como lo escucharon ustedes, ya es ‘una herencia’ de muchos años en donde no se ha atendido con esta perspectiva de género para tener un acceso a la justicia de manera efectiva y es una problemática en todo México”, señaló.
Ruiz Contreras aseguró que estas cifras han cambiado, pese a que el estudio señala que tan solo el año pasado —que corresponde a la administración estatal actual—, registraron un total de 15 casos de homicidio doloso y cuatro feminicidios.
Mientras que en el transcurso de 2023 se han registrado 78 casos de muertes violentas de mujeres, nueve de ellas se han tipificado como femincidio, según la información que brindó la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, Sandra Verónica Sánchez Urrutia.
“Hoy puedo referir que los números han cambiado. Ustedes escucharon que el diagnóstico se hizo en un cierre a marzo de 2022. Sin embargo, durante el 2022, lo que va el año de este 2023, los números han cambiado; han cambiado por completo en la Unidad de Feminicidios, al menos en la Unidad de Delitos Sexuales, también se cuenta con la Unidad de Contexto, en donde se tiene un programa de vencimiento del rezago, además del trabajo que se está realizando de manera diaria en la propia”, sostuvo.
