Mariana de Pablos
A pesar del criterio emitido por la Suprema Corte que declara inconstitucional criminalizar el aborto, en San Luis Potosí se cuenta otra historia. En este estado, el aborto no solo permanece catalogado como delito en el Código Penal, sino que además han sido rechazadas una tras otra las iniciativas para impulsar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Ante este panorama, han sido las mujeres de la sociedad civil quienes se han dado a la tarea de velar por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo.
El 7 de septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad que es inconstitucional encarcelar a las mujeres por abortar al ser una decisión que va en contra de los derechos humanos de las mexicanas. Sin embargo, a casi dos años de que se emitió esta resolución, en San Luis Potosí, el aborto voluntario sigue siendo ilegal.
El Código Penal del Estado establece tres causales de no punibilidad, es decir determinadas condiciones a partir de las cuales el aborto no es considerado un delito. Por ejemplo, en casos de violación, interrumpir un embarazo está garantizado a través de la Norma Oficial Mexicana 046 desde 2016. Asimismo, en San Luis Potosí también es posible interrumpir un embarazo cuando éste es resultado de una inseminación indebida o representa peligro de muerte.
Fuera de estas tres circunstancias, el artículo 148 del Código Penal del Estado de San Luis Potosí establece que “la mujer que, voluntariamente, procure su aborto (o consienta que otro la haga abortar), se le impondrá una pena de 1 a 3 años de prisión, así como una sanción pecuniaria de 100 a 300 días del valor de la unidad de medida y actualización. La misma pena se otorgará a quienes practiquen el aborto con consentimiento de la mujer”.
Es así que, pese al desde el dictamen emitido por la Suprema Corte en 2021, se han abierto 18 carpetas de investigación por el delito de aborto en San Luis Potosí, seis de ellas en lo que va de 2023, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Tal y como expuso recientemente el fiscal general del Estado, José Luis Ruiz Contreras, al señalar que la tardanza en la homologación de las leyes en San Luis Potosí para la interrupción legal del embarazo es causa y consecuencia de que cualquier hecho de ese tipo deba ser investigado.
Sin embargo, ello no ha sido impedimento para que cada año se practiquen cientos de miles de abortos en todo el país. Organizaciones de la sociedad civil organizada dedicadas a dedicadas a facilitar que las mujeres accedan a la ILE, con base en datos del Consejo Nacional de Población, calculan entre 750 mil y un millón de abortos anuales que se realizan en la clandestinidad en todo el territorio nacional.
Asimismo, de acuerdo con datos del Observatorio de Muerte Materna el aborto inseguro se encuentra dentro de las primeras cinco causas de muerte materna. Así lo confirma Arely Torres Miranda, abogada y defensora de los derechos humanos de las mujeres desde hace más de 20 años, cuando señala que “las mujeres hemos abortado siempre y cuando queremos abortar lo logramos de mil maneras. La prohibición nunca ha impedido que abortemos”.
Arely Torres afirma que es mucha la voluntad política que se tiene que poner en este tema, puesto que se trata de una “cuestión prioritaria que requiere que exista una seriedad, laicidad y una ciencia de por medio”. Es decir que “no se trata de estar a favor o en contra del aborto, sino de ver que esto es un derecho y que es un tema de salud pública y por lo tanto es un tema de política pública”.
“Por eso justo es importante seguir insistiendo en que el estado debe garantizar el acceso a los servicios de aborto seguro y gratuito para todas las mujeres del estado. Si tu no vas a abortar, nadie te va a obligar. Pero que si necesitas abortar, este estado, que es responsable de garantizar tus derechos humanos, sea quien te lo provea”.
Al día de hoy no se ha presentado una iniciativa por parte del Gobierno del Estado para hacer de la interrupción legal del embarazo una realidad. Han sido las mujeres de la sociedad civil, entre ellas Arely, quienes han tomado el asunto en sus manos.
Hasta la fecha, la abogada y activista ha promovido tres iniciativas. La más reciente, suscitada en 2019 en colaboración con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y la diputada Alejandra Valdez Martínez, que tiene por objetivo la despenalización la interrupción del embarazo antes de la semana 12, se encuentra en proceso de amparo al haber sido rechazada en mayo de 2020 por el Congreso del Estado.
De la mano con esta propuesta, en junio de este año, la Colectiva ILE San Luis Potosí presentó una iniciativa ciudadana que busca la interrupción legal del embarazo dentro de las 12 primeras semanas de gestación, a través de diversas reformas a la Ley de Salud y el Código Penal del Estado. Sin embargo, no ha habido avances en materia legislativa.
“Entonces al momento en que Gobierno del Estado decide no hacer, no impulsar y no impedir pues está teniendo una omisión y eso, recordemos que también en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia cuenta como una violencia institucional”.
Es así que el compromiso con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; y con la libertad a decidir sobre sus cuerpos ha recaído principalmente en otras mujeres y en la sociedad civil organizada, principalmente en forma de colectivas. Son ellas quienes proporcionan desde el acompañamiento psicológico y emocional, hasta el físico e incluso a veces económico a quienes decidan interrumpir su embarazo: “Nosotras vamos con ellas a los diferentes estados en donde es legal y no las dejamos solas en ningún momento”.
Desde esta perspectiva, Arely enfatiza en la importancia de que todas las mujeres sepan que existen grupos de mujeres organizadas a lo largo y ancho del país que dan información clara, veraz, científica, médica, y acompañamiento responsable a quienes deseen acceder a los servicios de aborto:
“Como nosotras siempre decimos acércate a tu feminista más cercana y busquemos la solución, que para eso estamos, para acompañarnos y porque justamente sabemos que para el estado el control que quieren ejercer sobre el cuerpo de nosotras es una de las armas más poderosas que tienen para seguir sometiendo a las mujeres a este no ejercicio de la libertad”.
