María Ruiz
San Luis Potosí es una entidad de origen de migración jornalera a centros de trabajos agrícolas y viceversa, así lo señaló María Mayela Blanco Ramírez, abogada y defensora de derechos humanos, integrante de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas.
Explicó que en el estado, las y los jornaleros originarios de los pueblos indígenas tének, náhuatl y pame, ubicados en los municipios de Matehuala, Vanegas, Villa de Arista, Villa Juárez y Ciudad del Maíz, son los que más salen de San Luis Potosí para ir a trabajar a los Estados Unidos.
Mientras que el estado también recibe migración interna de personas jornaleras originarias de Hidalgo, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas.
“Particularmente hay una práctica muy común en las comunidades indígenas, sobre todo en México, que ante las condiciones de pobreza, de marginación y de precariedad laboral está normalizada, en donde se dan estas invitaciones de trabajo que puede ser de un reclutador”.
Sin embargo, Blanco Ramírez informó que no solo estas prácticas se llevan a cabo por medio de estos contextos, sino que también hay otra modalidad en la que las y los jornaleros migrantes que llegan por sí solos lo hacen en grupos familiares que buscan trabajo, a las cuales se les denomina población jornaleras golondrina, debido a que juntos siguen la ruta del sector agricola.
Estos grupos enfrentan una gran cantidad de violencias que tienen que ver con justicia laboral, es decir, que no les pagan lo justo por su trabajo e incluso son explotadas, víctimas de trata e incluso desaparición.
“Desde la Red de Jornaleros hemos acompañado varios casos. Por mencionar alguno, está un caso que hubo una recomendación 70-2016 que se la emite la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por un hecho en el cual alrededor de 200 personas estaban trabajando en el municipio de Villa de Juárez y fueron víctimas de trata de personas”.
Blanco Ramirez también recordó la desaparición de 29 personas en 2010, las cuales se trasladaban en un autobús de la agencia Pirasol; la mayoría con el propósito de trabajar como jornaleros al corte a Tamaulipas, y otras se presume que iban hacia Estados Unidos con el mismo objetivo.
“Hay que garantizar sus derechos, su libre tránsito por el país y que lleguen con bienestar a su destino. Es responsabilidad de las autoridades y esto no solo le corresponde al Gobierno de San Luis Potosí, sino a todos, como el Gobierno Federal. También es importante ubicar las violaciones a derechos, si los centros de trabajo garantizan las condiciones laborales establecidas en la Ley Federal de Trabajo para las y los jornaleros”.
Por último, la activista explicó que hasta el año 2020, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) informó que en el país se registraron al menos 70 mil personas migrantes jornaleras.
