Fernanda Durán
El diputado José Luis Fernández Martínez, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, confirmó que la revisión que lleva a cabo la Auditoría Superior del Estado (ASE) no se va a detener, alterar o suspender, a pesar de su extinción y conversión en el Instituto de Fiscalización Superior a partir del mes de septiembre, debido a las consideraciones establecidas en los artículos transitorios del decreto.
Entre los transitorios se definió que los procedimientos de revisión, auditoría e investigación y demás acciones iniciadas por la ASE con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Fiscalización Superior, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado emitida en 2018.
“También se establece que se debe seguir contando con una persona responsable de encabezar la institución y que los trabajos de fiscalización se deben seguir desarrollando de manera habitual, pues se trata de asuntos de gran relevancia que incluso tienen tiempos que cumplir”.
Mientras que, según los transitorios, el Instituto de Fiscalización Superior contará con un plazo de 120 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del decreto, es decir, el 2 de septiembre para armonizar sus disposiciones reglamentarias y demás normatividad aplicable.
En los transitorios, el Congreso del Estado también se obligó a prever para el ejercicio fiscal 2024 los recursos presupuestales necesarios para que el Instituto implemente la firma electrónica, que de acuerdo con el diputado Edmundo Torrescano Medina, integrante de la Comisión de Vigilancia, era un proyecto consolidado que hasta ahora no tenía garantizado el presupuesto.
“Nosotros ahorita vamos a ver el estado del informe financiero del 2022, en octubre, noviembre, pero si hubiera algún tema que quisieras ver no tengas que esperarte un año sino que en tiempo real puedas ver alguna cuestión [de todos los entes auditables]”.
La Junta de Coordinación Política (Jucopo) tendrá hasta la primera quincena de octubre para autorizar y asignar a la Comisión de Vigilancia los servicios de asesoría y apoyo técnico en materia de fiscalización que requiera, hasta donde el presupuesto le permita.
Sin embargo, los recursos humanos, financieros y materiales con los que actualmente cuenta la ASE pasarán a formar parte del Instituto de Fiscalización Superior, por lo que el personal conservará y se le tendrá por reconocida su antigüedad, así como todos sus derechos y prestaciones previamente adquiridas.
