Fernanda Durán
El pasado 14 de septiembre, el Congreso del Estado recibió una solicitud para remover de forma inmediata a Edith Virginia Muñoz Gutiérrez como encargada de despacho de la Auditoría Superior del Estado y/o del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, esto al señalar faltas graves como abuso de funciones, actuar bajo conflicto de interés y desvío de recursos públicos.
En la petición enviada por el ciudadano José Giovanni Torres Delgado, que deberá ser analizada por la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, se argumentó que la servidora pública ha ejercido atribuciones que no tiene conferidas, y que son reservadas exclusivamente a la Federación por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, tales como revisar, fiscalizar y auditar a los entes auditables del Estado, sin un marco normativo que la faculte, de igual manera sin contar con un convenio vigente y aplicable que la faculte para ello.
Bajo la insistencia de contar con facultades, el inconforme indicó que incurre en actuación bajo conflicto de interés dado que ha intervenido e interviene con motivo de cargo, en la atención, tramitación y resolución de asuntos en los que tiene un impedimento legal sustentado en el artículo 18 del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, que establece lo siguiente:
“A la Auditoría Superior de la Federación se le concedieron facultades exclusivas para fiscalizar recursos federales que ejercen las diversas entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México y se suprimió la facultad de las entidades de fiscalización locales para fiscalizar recursos federales”.
Torres Delgado precisó que el programa anual de auditorías modificado el 31 de marzo pasado determinó auditar fondos de recursos federales, tanto del ramo 33 como del ramo 28, siendo estos competencia y facultad exclusiva reservada a la Federación.
Ante esto, afirmó que se incurriría en un desvío de recursos al destinar capital material, humano y financiero para dar “cumplimiento de una labor de auditoria prohibida y carente de fundamento jurídico” sobre recursos y participaciones de orden federal.
Otros ejemplos detallados en la exigencia fue que el Programa Anual de Auditorías 2023 ya modificado, decidió dar de baja al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, el Instituto de Capacitación para el Trabajo y la Universidad Tecnológica, a los cuales se iba a practicar “auditoría para la revisión de recursos federales”.
En cambio, en dicho programa se dio de alta otras entidades “para efecto infundado, de auditar recursos federales”, entre ellos la Secretaría General de Gobierno, el Instituto Estatal de Educación para los Adultos, Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí y la Universidad Tecnológica Metropolitana.
Entre las pruebas de la solicitud se incluyó la falta de convenio de colaboración entre la ASE y la Auditoría Superior de la Federación, confirmada por Miguel Ángel Méndez Montes, encargado de la Coordinación de Auditorías a través del oficio ASE-CAE-014/2023 con fecha 26 de abril de 2023.
Mientras tanto, el lunes 18 de septiembre comenzó la recepción de solicitudes para la selección de auditor o auditora superior por un periodo de nueve años, es decir, del año 2023 al 2032, proceso que finaliza el viernes 22, del cual resultará una primera selección de personas para que finalmente el Pleno del Congreso del estado elija a la persona titular del Instituto de Fiscalización.
