Texto y fotografías de Estela Ambriz Delgado
Comuneros de San Juan de Guadalupe, y sus anexos Tierra Blanca y San Miguelito, piden nuevamente que la Procuraduría Agraria remueva a sus representantes, pues estos han convocado a una asamblea el 24 de septiembre para continuar las negociaciones y acuerdos con los empresarios de “Espacios en el Horizonte” del proyecto Las Cañadas.
En el escrito que presentaron también denuncian la realización de gestiones para que la Vía Alterna a la avenida Juárez sea construida por empresarios inmobiliarios y el Gobierno del Estado, con el objetivo de favorecer los proyectos Las Cañadas, Gran Peñón, y uno más a desarrollar en el ejido San Juan de Guadalupe.
“El objetivo es construir y embaucar a los comuneros para que dicha Vía Alterna sea negociada como si los empresarios fueran dueños de nuestra tierra”.
Los comuneros titulares acudieron a las oficinas de la Procuraduría Agraria para entregar su solicitud al titular de la representación estatal, Álvaro Pineda Maldonado, ante la amenaza de que se lleve a cabo una asamblea para imponer decisiones sobre las tierras comunales.
“Los grupos empresariales que pretenden apoderarse de nuestras tierras y que utilizan el chantaje y la presión han ordenado realizar una asamblea este próximo domingo, manipulando temas con el objetivo de imponernos decisiones autoritarias”.
En el documento los comuneros advierten de los puntos cinco, seis y siete del orden del día publicado en la convocatoria, pues entre los temas a tratar se encuentra el reforzamiento de acciones contra el decreto del Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito.
Asimismo, se señala en el punto seis que el comisariado de bienes comunales informará de diversa problemática que enfrenta la comunidad respecto al bulevar Antonio Rocha Cordero, actualmente Circuito Potosí.
Respecto a este punto, los comuneros explican que es sumamente grave y delicado, pues se pretende chantajear a los comuneros, la mayoría de ellos personas de la tercera edad, al ofrecer una negociación respecto a un adeudo por la indemnización de la vialidad, bajo el argumento de que el pago del adeudo es por gestión y recursos de los empresarios.
“Es decir, un adeudo del Gobierno del Estado, pagado por empresarios que condicionan ese dinero, a cambio de apoderarse de nuestro patrimonio”.
En relación al punto siete de la convocatoria, sobre un pacto de unidad y la formación de comisiones, los comuneros dijeron que se trata más bien de un acuerdo de sumisión con los empresarios inmobiliarios, donde el gobierno estatal aún no define con claridad de qué lado está.
Los denunciantes fueron atendidos por Álvaro Pineda Maldonado y el representante jurídico César Ortega, a quienes reiteraron su solicitud para la remoción de sus representantes al haber cumplido todos los trámites necesarios.
Los funcionarios se comprometieron a darles una respuesta el 22 de septiembre y justificaron el retraso debido a la acumulación de trabajo.
Respecto a su asistencia a la convocatoria señalada, dijeron que apenas analizarán lo que dice la misma para definir si van o cancelan, pues se las enviaron el 20 de septiembre.
