Por Victoriano Martínez
El 13 de mayo de 2004 se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Ley de Fomento a la Vivienda cuyo principal propósito fue lograr una enorme reserva territorial para garantizar a los constructores potosinos precios accesibles en la compra de terrenos que les permitieran abaratar el costo de las viviendas destinadas a los trabajadores con ingresos de hasta tres salarios mínimos.
Mañana jueves, el Congreso del Estado discutirá y seguramente aprobará la Ley de Certeza Patrimonial y Vivienda Social (página 162) que sustituirá a la ley que hace 19 años creó el Instituto Estatal de la Vivienda (INVIES) para dar paso al Instituto de Regularización y Vivienda Social (INREVIS).
De paso, la nueva Ley suprimirá a la Promotora del Estado, creada desde el 8 de enero de 2002, especializada en la regularización de la tenencia de la tierra en los centros de población de la Entidad.
“La presente propuesta de Ley de Certeza Patrimonial y Vivienda Social, busca vincular ambas acciones, de vivienda y regularización, acciones que por su propia naturaleza se encuentran relacionadas y persiguen el mismo anhelo social, que es el de dotar de vivienda diga (sic) a la población y otorgar seguridad patrimonial”, señaló el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en su iniciativa.
(Nota: el error “vivienda diga” en lugar de “vivienda digna” aparece dos veces en el dictamen: en la reproducción textual de la exposición de motivos de la iniciativa de Gallardo Cardona y en la exposición de motivos del dictamen).
En apariencia, se trata únicamente de concentrar en un solo ente lo que hoy se desarrolla desde dos distintos. No obstante, la nueva ley presenta dos características propias del actual sexenio: (1) sectoriza el fomento a la vivienda a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, cual nuevo programa de ayudas sociales, y (2) gran parte de los empleados de esas áreas serán despedidos.
La experiencia que dejó desde un inicio el INVIES, con Jorge González Hernández como su primer director, estuvo muy lejos de generar reservas territoriales para abaratar la vivienda de interés social y, envuelta en una grotesca especulación con la tierra, el proyecto insignia, Ciudad Satélite, se convirtió en un escándalo.
La compra de los terrenos para Ciudad Satélite estuvo precedida por la especulación con los predios del Ejido El Panalillo, donde una empresa de Ciudad Juárez, Dintel Parques Industriales, compró a 9 pesos el metro y se los vendió al gobierno a 22 pesos, y dos años más tarde otra porción del terreno a más de 40 pesos por metro cuadrado.
González Hernández se involucró en una serie de especulaciones con el valor del suelo, con los accesos a recursos federales de apoyo a la vivienda y otras maniobras irregulares con urbanizadoras foráneas, que terminó con observaciones por 213 millones de pesos en su cuenta pública y problemas judiciales que lo hicieron salir del país para luego ser detenido y extraditado.
Las buenas intenciones de la Ley de Fomento a la Vivienda que será derogada en la sesión del Congreso del Estado de mañana quedaron anuladas en tanto su contenido no fue capaz de frenar ambiciones desmedidas que propiciaron las irregularidades que hubo en Ciudad Satélite, pero también en otros proyectos inmobiliarios promovidos por el gobierno.
¿Cuenta la nueva Ley con dispositivos que pudieran prevenir ese tipo de lucro indebido con los proyectos de vivienda promovidos por el gobierno estatal?
El INREVIS “se crea como un organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica, administrativa y de gestión, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social y Regional”, señala el artículo 19 de la nueva Ley, y previamente, en el artículo 11, señala sus atribuciones:
“I. Coadyuvar conforme a su competencia a la regularización de los asentamientos irregulares y proponer las medidas necesarias para el mejoramiento urbano de las zonas marginadas;
“II. Coadyuvar en la formulación, promoción y concertación de programas de vivienda, y
“III. Todas aquellas que por disposición de la presente ley y demás ordenamientos legales sean de su competencia”.
Una intervención que se da a la SEDESORE tan preponderante que, en el artículo 24 de la nueva Ley se establece que “en ausencia del Presidente del Consejo de Administración (el gobernador), presidirá las sesiones la persona titular del Secretaría de Desarrollo Social y Regional, asumiendo el voto de calidad en caso de empate”.
Una ventana que al posible lucro económico indebido se acumule la posibilidad de un lucro político-electorero igualmente indebido. ¿Acaso podrán surgir becas de vivienda?
En el aspecto laboral, destaca el contraste entre el trato que se da en su extinción al INVIES, cuyos recursos humanos pasan al INREVIS, en tanto que el personal de la Promotora del Estado “será liquidado o en su caso readscrito a otras dependencias o entidades del Poder Ejecutivo del Estado”.
Una circunstancia que, desde el 24 de agosto de 2023, el Sindicato Autónomo Democrático de Trabajadores de Gobierno del Estado (SADTGE) hizo notar a los legisladores, con la demostración de que el artículo 21 de la nueva Ley reproduce textuales las atribuciones de la Promotora del Estado, por lo que no pueden ser liquidados.
Argumentaron que, conforme a la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado, la desaparición y/o extinción de una dependencia y/o entidad en ningún momento aparece como causal de la terminación de la relación laboral.
Exponen como argumento a favor de la permanencia del personal de la Promotora en el INREVIS que, de acuerdo con la respuesta que dio a una solicitud de información el INVIES, éste no cuenta con un solo empleado de base en su plantilla.
Si resulta lógico que las funciones del INVIES y la Promotora las concentren en un solo instituto, también debe resultarlo que los empleados capacitados y con experiencia de más de 15 años continúen en el nuevo organismo… a menos que pretendan renovar toda la plantilla para objetivos más propios de una SEDESORE que ha dado muestras de su sentido electorero.
