Marcela Del Muro
Mientras Viridiana Gil Remigio, representante de los colectivos de Michoacán, señalaba la falta de colaboración entre los estados para la búsqueda de personas desaparecidas, durante su participación en la VII Reunión Regional del Bajío; la señora Mary Campos comentaba que ese problema lo tiene ella en la búsqueda de su hijo Erick Lira, desaparecido el 21 de abril de 2022, en Guanajuato.
“Mi hijo desaparece en León, la investigación dice que se lo llevaron para Jalisco, hemos querido buscar allá, pero nos nos dejan y las autoridades de allá no nos apoyan”, comenta doña Mary, integrante del colectivo Madres Guerreras de León, que se encontraba sentada en la entrada de la gran sala de techos altos del Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, en la ciudad de San Luis Potosí, el pasado 7 de octubre.
Más de 100 familias de personas desaparecidas de dieciocho estados del país se reunieron para dialogar y hacer acuerdos con autoridades sobre las distintas problemáticas que entorpecen la búsqueda y localización de sus familiares ausentes.
“Estos encuentros son una iniciativa necesaria, que nació por la falta de respuesta institucional. Sabemos que si los colectivos estamos divididos o separados no podemos hacer mucho”, comenta Javier Espinosa Granados, durante la VII Reunión Regional del Bajío de familiares de víctimas de desaparición, colectivos de búsqueda y organizaciones civiles con autoridades.
El organizador, que busca a su hijo Francisco Javier Espinosa Almanza, desaparecido en abril de 2007 en Aguascalientes, comenzó estos encuentros en diciembre de 2021 con los siete estados de la región Bajío: Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí; en esta ocasión, logró agrupar en la capital potosina a once estados más: Baja California, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, además de colectivos de Colombia y España que se unieron de forma virtual.
“No hay otro lugar como este, donde estén presentes autoridades internacionales, federales y locales que tienen qué ver con cuestión de desaparecidos”, explica Espinosa Granados y enlista alguna de las instancias participantes: la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Comité contra la Desaparición Forzada, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y algunas autoridades locales de los dieciocho estados participantes.
Las problemáticas y los acuerdos
Las reuniones regionales se han venido realizando de forma trimestral, pero es la segunda ocasión que se realizan mesas de trabajo con autoridades. Para algunas de las familias potosinas del colectivo de búsqueda Voz y Dignidad por los Nuestros, cuyos casos son de larga data, estos acercamientos son valiosos porque ni la investigación ni la búsqueda de sus desaparecidos queda en el olvido.
“Estas reuniones son un recordatorio de las necesidades que tenemos como familias para encontrarlos. En esta mesa se acordó hacer una reunión entre las Fiscalías de San Luis, Tamaulipas y Nuevo León para conocer las investigaciones que tienen y fortalecer la búsqueda y la investigación que lleva la FEMDO (Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada”, comentan cinco de las familias del caso Pirasol, que forman parte de Voz y Dignidad por los Nuestros.
Este caso es conocido como Pirasol porque era la marca del camión que transportaba a 31 viajeros potosinos y queretanos que fueron desaparecidos en Tamaulipas, en marzo de 2010, cuando se dirigían a la frontera norte. A pesar de que han pasado más de 13 años del hecho, y con el antecedente de que el expediente de investigación estuvo perdido por más de dos años, no ha existido colaboración entre los estados y la federación para robustecer las líneas de investigación.
Para las madres de Guanajuato la falta de coordinación y apoyo de las comisiones de víctimas de los estados y la federal complican la búsqueda de sus familiares cuando desaparecen en otros estados. “Se echan la bolita entre ellos y ninguno apoya, las familias se trasladan con sus propios recursos”, señalan.
Durante la reunión, los colectivos guanajuatenses hablaron con las comisiones de derechos humanos nacional y de algunos estados; las familias ahora saben que pueden interponer quejas contras las instituciones estatales para que puedan tener el apoyo económico que les corresponde por ley y se respete el derecho a ser buscado de sus familiares desaparecidos, buscandolas también bajo la presunción de vida.
“En las desapariciones que abarcan más de una entidad federativa hace falta que exista una colaboración para realizar un plan de búsqueda individualizado y que en las carpetas haya un plan de investigación, como establece el Protocolo Homologado de Investigación de la FGR, porque hacen sus búsquedas sin una estrategia”, comentó el abogado y defensor de derechos humanos Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato.
El abogado Sandoval pone como ejemplo la investigación y búsqueda de César David Choreño Castañeda, directivo de la empresa transnacional Valeo, que fue desaparecido el pasado 4 de septiembre en la capital potosina y cuyo automóvil fue encontrado en Celaya, Guanajuato.
La familia del gerente de Recursos Humanos es acompañada por la Plataforma por la Paz y la Justicia, quienes señalan que el caso demuestra la falta de colaboración y de estrategia entre los estados de San Luis Potosí y Guanajuato.
“Solamente se envían oficios y se esperan respuestas, pero eso no constituye una coordinación para un plan de búsqueda individualizado”, señala el defensor.
El compromiso pendiente de crear un plan regional de búsqueda
Para Raymundo Sandoval, una de las necesidades fundamentales para la búsqueda en la zona del Bajío es la implementación de un Plan Regional de Búsqueda de Personas, compromiso que adquirió la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas hace seis meses y se encuentra estipulado en el artículo 53 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
“El Plan Regional no sería, únicamente, una descripción de objetivos, que nunca se cumplen; sería una coordinación estratégica para elaborar búsqueda regional, que abarque los componentes de la búsqueda, la investigación, la identificación y la atención a víctimas, al menos”, comenta el defensor.
La CNBP comentó a los colectivos hace seis meses que ya se estaba trabajando en un borrador del Plan; hace dos meses comentó que no había consultora y que lo haría alguien externo y, hace unas semanas, informaron que ya se tenía el borrador que será socializado con los colectivos “después”, relata el abogado y señala que para la creación de este plan se debería de tomar en cuenta a las familias, pues es su derecho participar en todo lo que involucra la búsqueda de sus desaparecidos.
