Fernanda Durán
A 18 meses desde que se realizó la primera mesa de trabajo para expedir la nueva Ley Ambiental, Eloy Franklin Sarabia, Lidia Vargas Hernández y Juan Francisco Aguilar Hernández, legisladores de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente aún no tienen certeza o claridad acerca de los avances en torno a dicha legislación, pero prevén que pueda ser emitida por la actual legislatura.
Aunque el diputado Franklin Sarabia aseguró que en la próxima reunión de la Comisión se alcanzará hasta el 70 por ciento de avances de la ley, la diputada Vargas Hernández afirmó que se les ha informado sobre un desarrollo del 80 por ciento y desconocen el avance en el trabajo, ya que “no hemos tenido muchas sesiones de la Comisión de Ecología”.
Por su parte, el diputado Juan Francisco Aguilar Hernández indicó que tanto el asesor y el presidente de la Comisión, es decir, Eloy Franklin Sarabia, les han mencionado que será en este periodo ordinario de sesiones cuando se presente la nueva legislación, a fin de que pueda turnarse a las comisiones respectivas y votarse antes de que las y los diputados comiencen a pedir licencias de su cargo.
Bajo el discurso de una ley con 25 años de retraso que debe modificarse, Vargas Hernández y Franklin Sarabia justificaron que el estancamiento de la nueva legislación se debe a lo complejo en su trabajo y análisis para concretar, así como armonizarla con los municipios.
La primera mesa de trabajo para este proyecto fue en abril de 2022 y la última, según la diputada Lidia Vargas, se realizó antes de finalizar el segundo periodo ordinario de sesiones en agosto de este año.
Sin embargo, los especialistas que han participado en dicho proceso, como María Suhey Tristán Rodríguez, reportan que después de su participación dejaron de tener contacto con la Comisión.
Tristán Rodríguez, especialista en justicia ambiental y derecho a la ciudad, ha señalado que es urgente tener una nueva Ley Ambiental para San Luis Potosí, pues la actual está desarmonizada, no sólo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, y la Constitución, sino también con acuerdos regionales que son obligatorios para México.
