Fernanda Durán
En sesión ordinaria del Consejo Directivo Universitario fue concedida la jubilación por vejez a José Francisco Martínez Licona, profesor con 20 años de servicio en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien contaba con denuncias por abuso y hostigamiento sexual por casos desde 2011.
En la sesión de este viernes 27 de octubre, se aprobaron los dictámenes que establecían cinco pensiones por jubilación y una por vejez, esta última del profesor de tiempo completo Martínez Licona.
Tras la votación y ante la relevancia del caso, un consejero y una consejera, que se abstuvo en la votación, emitieron su opinión al respecto:
“El día de hoy se culmina el paso del doctor Licona por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es gracias a la gestión del señor rector y el arduo e invaluable trabajo de la Defensoría de los Derechos Universitarios y el doctor sabe que no es posible reintegrarse a las aulas. Si bien preferiríamos que concluyera de otra forma su paso por la universidad estamos ciertos de que nadie más llegará a tantos años de servicio con este comportamiento”, manifestó el consejero.
“Es un maestro que ha tenido varias denuncias de acoso en nuestra Facultad, es un maestro que se ha escudado demasiado en que es un profesor sindicalizado al cual no se le puede hacer nada (…). Considero que no es un profesor que debería estar en nuestra institución, si bien su jubilación ya es en estos momentos, ha tenido desde hace más de 10 años que ha llevado este tipo de casos”, expresó la consejera al referir los antecedentes del docente.
Ante esto, el rector Alejandro Zermeño Guerra explicó que si bien se pretenden ciertas soluciones para estos hechos lamentables, las cuestiones legales y derechos adquiridos del trabajador obstaculizan las soluciones deseadas.
En julio de 2020, el abogado general Joel González Miranda desechó la propuesta de despido del maestro a pesar de que se acreditó la conducta penal relativa a abuso y hostigamiento sexual, esto bajo el argumento de que los casos utilizados como evidencia que databan desde 2011 no tenían relación entre sí y habían prescrito.
