María Ruiz
México Evalúa llevó a cabo el 3er. Diálogo de Justicia Penal San Luis Potosí 2023, en el cual integrantes de las asociaciones civiles de Lúminas, Red de Justicia San Luis Potosí, Red de Abogadas San Luis Potosí y la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, expusieron cuestionamientos acerca de las acciones que implementan las autoridades estatales para atender casos de denuncia por hechos de violencia física y sexual contra las infancias, así como violencia de género.
En este encuentro, Crísthel Rosales y Jorge Carbajal Hernández, ambos coordinadores de alianzas para el Programa de Justicia de México Evalúa, señalaron que el origen de este diálogo es para determinar aspectos específicos para generar procesos de justicia cercana y reducir la brecha que existe entre las instituciones y la población, además de incrementar la percepción de confianza en las autoridades.
También para poder establecer puentes que puedan simplificar los procesos de justicia y ante este panorama, identificaron que en San Luis Potosí las personas no denuncian ante las autoridades la comisión de delitos.
Un hecho que se vio reflejado el año pasado, cuando el estado registró una cifra negra en la que por cada 100 delitos que se cometen, 96 no son denunciados.
“Sabemos que en San Luis Potosí, en términos de impunidad, bajaron de 98 a 96 por ciento, lo que nos da una lectura de la falta de aprovechamiento de mecanismos alternativos y ha disminuido labores de justicia alternativa”, comentaron.
Ambos especialistas remarcaron la importancia de implementar una estrategia específica para la atención del rezago e identificar de dónde proviene la incapacidad de priorizar y diferenciar la atención de los distintos delitos, pues en San Luis Potosí, por cada asesor jurídico, existen 277 casos de víctimas, lo que también revela una sobresaturación de labores.
“Pese a este panorama, reconocemos los esfuerzos del Tribunal Superior de Justicia en San Luis Potosí, porque han ido disminuyendo año con año el porcentaje de audiencias diferidas. Sin embargo, todavía observan un reto importante a nivel nacional en el porcentaje de audiencias que son diferidas o pospuestas, que asciende casi al 23 por ciento”.
Diálogo por la justicia
Las y los integrantes de México Evalúa consideraron que ante este contexto, es importante el diálogo y la participación activa con las y los defensores de los derechos humanos para identificar como mejorar la calidad del servicio de las autoridades impartidores de justicia.
“Estos mecanismos de diálogo son parte de una coordinación estratégica, ya que es necesario profundizar lazos en San Luis Potosí para que haya voluntad política en conjunto con la sociedad civil”.
Parte de los cuestionamientos que se realizaron en esta mesa fueron hechos por defensora de los Derechos Universitarios, Urenda Queletzú Navarro Sánchez; la defensora de los derechos humanos de las infancias e integrante de la Red de abogadas, Claudia Cuellar Ochoa; y la abogada y consultora con enfoque de derechos humanos, perspectiva de juventudes y género, Fátima Hernández Alvizo.
Ellas cuestionaron a las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y al Poder Judicial, sobre sus acciones en torno a la defensa de niñas, niños y mujeres, que son víctimas de violencia física, familiar, abuso sexual y violencia de género.
“Tenemos hallazgos sobre que el principal de los delitos es justamente la violencia familiar que viven mujeres, niños y adolescentes en el estado de San Luis Potosí, y tenemos dudas sobre cómo actúan las autoridades, en específico la CEEAV”, señaló Cuellar Ochoa.
Durante este diálogo, se definieron algunas estrategias especializadas para mejorar la atención de mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de estos delitos, y que así las autoridades les den el seguimiento correspondiente a sus denuncias y atención.
Por su parte, Urenda Queletzú Navarro Sánchez comenzó un diálogo con los integrantes del Poder Judicial del Estado, respecto al grado de impunidad que se refleja en los delitos en razón de género y feminicidio, y como estos han aumentado en 2022 con relación a 2021.
De igual modo, en términos de acceso a la justicia, Navarro Sánchez preguntó acerca de los mecanismos institucionales, procedimentales y operacionales del Tribunal y si este garantiza la perspectiva de género.
Por su parte, los representantes del Poder Judicial señalaron que desde el inicio de este año, la presidenta Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la magistrada María Manuela García Cázares, dio inicio a dos programas de capacitación específicos para hacer esta justicia con perspectiva de género.
Aclararon que aunque otorgan beneficios y producen buenos resultados, en realidad no son los suficientes y no están focalizadas a los sectores que realmente se requieren.
“Los dos ejes de capacitación que la presidenta impulsó hacia la justicia penal es de un análisis previo y una retroalimentación; se hicieron mesas de trabajo en las que participaron también barras de abogados”, expusieron.
Por último, Hernández Alvizo, socia fundadora de Lúminas, Centro de Derechos Humanos, comentó que es importante que las autoridades escuchen y miren las demandas de la sociedad civil organizada.
“Necesitamos que las diferentes instancias coadyuven, porque al final es una obligación del Estado el garantizar el acceso a la justicia. Le corresponde a todo el aparato estatal, pero de forma particular al Poder Judicial; necesitamos acceso oportuno y efectivo a la justicia”.
