Estela Ambriz Delgado
De 2005 a 2014, el Gobierno Federal otorgó 594 permisos para la liberación al medio ambiente de organismos genéticamente modificados (OGM) sin consultar a pueblos y comunidades indígenas, hasta que en 2014 un juicio de amparo les obligó a realizar un protocolo de consultas.
Sin embargo, las que se llevaron a cabo para otorgar otras 77 autorizaciones en el periodo de cinco años fueron prácticamente una simulación, de acuerdo con Erica Lissette Hagman Aguilar, directora de Políticas y Normativa de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los OGM (Cibiogem).
En estas consultas, lejos de informar a los afectados de todas las implicaciones, consecuencias y riesgos de los OMG, lo que hacían era hablar de los beneficios de los transgénicos bajo la premisa de que no había ningún riesgo asociado a estos, sin tocar el tema de los plaguicidas altamente peligrosos que se utilizan para estos cultivos.
En su participación en la primera mesa “Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en el ámbito de la bioseguridad de los OGM”, organizado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), Hagman Aguilar habló sobre los retos para el diseño y futura implementación del protocolo para garantizar la libre determinación aprobado.
La funcionaria indicó que este protocolo en el marco del mecanismo de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables, responde a un adeudo que se tenía por parte del Gobierno Federal hacia estas personas, que en la anterior administración vivieron faltas de atención y de cumplimiento de obligaciones respecto a sus derechos, particularmente en el caso de los sitios donde se liberaron al ambiente transgénicos.
Explicó que el mecanismo de consulta contiene directrices para que, en caso de llevar a cabo el proceso, sea una guía que servirá como referencia, pero el programa de trabajo se acordará con cada comunidad como parte de sus derechos.
Los permisos otorgados
Entre los antecedentes que Hagman Aguilar mencionó, destaca que de 2005 a 2014 el Gobierno Federal otorgó 594 permisos para la liberación al medio ambiente de OGM, todas tolerantes al herbicida glifosato, que es un plaguicida altamente peligroso, sin que se verificara la presencia de población indígena y se les permitiera ejercer sus derechos, pese a que desde 2005 la Ley de Bioseguridad de los OGM establecía la obligación de consultarles.
Hasta 2014 por un juicio de amparo interpuesto por una comunidad donde se otorgó un permiso de liberación al ambiente de soya en 2013, el Cibiogem estuvo obligado a realizar un protocolo y aprobarlo, pero el documento nunca se dio a conocer, no fue publicado y jamás se aplicó.
Del 2016 a 2018 hubo 107 solicitudes y se otorgaron 77 permisos: dos de alfalfa, dos de limón mexicano, tres de naranja dulce valencia, nueve de trigo y 61 de algodón; todos tolerantes al glifosato.
Sin embargo, sólo se tienen documentados 72 procesos de consulta, en los que se detectó que en ocasiones en cada proceso se consultaba varias solicitudes, incluso a más de una comunidad o pueblo, y no se llevaba a cabo el proceso completo de cuatro fases: acuerdos previos, informativa, deliberativa, y consultiva.
De esos 72 procesos, sólo 40 completaron sus fases, pero de estos 28 lo hicieron de manera exprés, es decir, juntaban las fases informativa, deliberativa y consultiva a veces en una misma sesión, sin cumplir con los tiempos propios marcados por las propias comunidades para que la consulta fuese culturalmente adecuada, además de que no se realizaron estudios de impacto previo como lo establecía el protocolo, y no se informaba de las implicaciones, consecuencias y riesgos del uso de transgénicos.
Además, 24 procesos se declararon sin sujeto de consulta, debido a que se les convocaba sólo con algunas horas de antelación y no hacían una labor de búsqueda de las autoridades o de acudir directamente a las comunidades que podían ser afectadas; nueve fueron incompletos en los que no se llegó a hacer las cuatro fases; y en un caso falta la información de las actas y se desconoce si se completó.
“Las personas que se dedicaban a conducir esa fase informativa no lo hacían de acuerdo a estudios de impacto previo, ni de acuerdo a las características particulares de la zona, sino que tenían un guion basado en promover esta biotecnología. Lo que hacían era hablar de los beneficios de los transgénicos, y mencionaban que no había ningún riesgo asociado a estos, no se hablaba tampoco ni siquiera se tocaba el tema de los plaguicidas altamente peligrosos que se utilizan para estos cultivos”, afirmó la funcionaria.
En 2019, la actual administración federal retomó los trabajos del “Subcomité Especializado para actualizar el mecanismo de consulta”, pues el del 2014 era medianamente acorde a los estándares internacionales, además de que en ese periodo de tiempo hubo avances en materia de los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional.
