Abelardo Medellín Pérez
La civilidad es como definimos al comportamiento de aquel individuo, o grupo, que cumple con sus deberes civiles, respeta la ley, contribuye a su comunidad y procura el bienestar de todos los miembros de la sociedad; en la vida pública, como la vemos hoy en día, pareciera una característica urgente e inusual, pero, ¿cómo lograrla?
El gobierno de San Luis Potosí, a través de la Secretaría General de Gobierno, ha decidido que se necesita papel y tinta para lograr que la civilidad se haga presente en un evento tan intestino y poco civilizado como lo es el próximo proceso electoral.
Según el secretario general de Gobierno, la instrucción del gobernador es crear una “alianza por la democracia” que tenga a la cabeza al gobierno estatal, con la finalidad de mantener y fortalecer la gobernabilidad durante el periodo electoral que se avecina.
Al gobierno le consta que los procesos electorales son conatos de desestabilización para los estados y caldos de cultivo para el caos.
A penas esta semana, durante la firma de coalición entre Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, se apreció el “ánimo de hermandad” entre los seguidores de dichos partidos, en una encarnizada pelea campal donde hubo sillazos, amenazas y una probadita que lo nos espera a la vuelte del año.
Entonces, sí, los procesos electorales producen una animosidad peligrosa y difícil de controlar, pero… ¿es el gobierno el mejor ejemplo para dirigir un esfuerzo en pro de la civilidad?
¿Pues por dónde van a empezar?
Dicen que el buen juez por su casa empieza, sin embargo, ¿está listo el gobierno para gallardisarze menos y civilizarse más?v
Dijimos que la civilidad es respetar y honrar los deberes y valores civiles; pero, ¿cómo confiar un pacto de civilidad a un gobierno donde el jefe del ejecutivo llama “animales garañones” a presuntos criminales, dice que le gusta la sangre y afirma que sus verdaderos amigos serían cómplices de un homicidio?
¿Dónde está la civilidad en un gobierno que antes de consultar por una obra, la construye sin deberla ni temerla y luego acusa de golpeadores a ciudadanos que solo buscan ser consultados y que se respete el espacio que habita?
¿Es “respetar la ley” el decir que la opacidad es una forma de “darles carnita a los medios”, en una clara confesión de haber violentado la Ley de Transparencia?
¿Cómo contribuye a la comunidad una administración que despliega programas sociales, promociona al gobernador en cada apoyo, viste de candidatos a sus operadores políticos e instrumentaliza a sus beneficiarios como masas inconscientes que solo sirven para abarrotar eventos e inflar egos?
¿De que manera ayuda al bienestar colectivo la administración de las prioridades personalistas?, Arena Potosí, antes que cumplir la promesa de los cinco hospitales de especialidad; giras por Estado Unidos, antes que fortalecer lazos con autoridades municipales que le son incómodas; ferias y festivales, antes que conciliar una solución real para solucionar la bola de nieve incontrolable en que se ha convertido el sistema de Pensiones.
El gobernador no duda en presumir y replicar cada reconocimiento comodino con tilde de “el mejor gobernador de México”, “el gobernador más popular”, pero calla o calumnia cada vez que organizaciones como Artículo 19 le piden no usar lenguaje estigmatizante con la prensa o con defensores de derechos humanos.
La administración que encabezará el pacto de civilidad y respeto a la ley, es el mismo donde el jefe del ejecutivo no dudo ni un minuto en lanzar a la presidente del DIF estatal al Senado, a sus lacayos más serviles a alcaldías y prohibirles la participación política a sus indispensables.
¿Dónde cabe la civilidad oficialista en un estado que fue repartido en fracciones electoreras para diseminar programas sociales?
Si la secretaría general de Gobierno realmente cree en este pacto de civilidad, debe soltarle la correa del protagonismo a la propuesta y dejar que la organice y administre el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) con ayuda de organizaciones civiles, grupos vulnerables y ciudadanos preocupados.
La propuesta no debe ser un potencial bozal para declaraciones subidas de tono o guerras de lodo; esas declaraciones ya las hace el gobernador y esas guerras él las inicia.
Lo que se necesita es un pacto con compromisos claros, donde los partidos acuerden sanciones y reprimendas para el candidato que no las cumpla y las organizaciones tengan dientes públicos para ventilar a cada partido, candidato, dependencia de gobierno o sector que incumpla el pacto.
El buen juez por su casa empieza, pero el mejor juez entiende su limitada capacidad para ser congruente y el necesario deslinde que requiere el conflicto de intereses. Y aquí el conflicto es claro: ¿cómo dirigir la civilidad, cuando quien dirige no la conoce?
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
