Estela Ambriz Delgado
El presidente del Consejo Hídrico Estatal (CHE), Jonathan Abraham Quintero García, consideró que la entrega de la concesión de Aguas del Poniente al Ayuntamiento de San Luis Potosí no representa ningún favor de la empresa, y tampoco debe tener valor de cambio, sino que es una oportunidad para mejorar las condiciones del suministro general de la zona metropolitana bajo nuevas formas que contemplen una justicia hídrica, una equidad e igualdad en el abastecimiento del recurso, vinculado a la protección de las áreas de recarga de acuífero.
Señaló que debe de trabajarse tras el anuncio del presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos, y el representante legal de la empresa Carlos López Medina, sobre la entrega de la concesión a la administración municipal.
Quintero García dijo que esto representa una acción beneficiosa en materia socio-económica y un logro administrativo, pero también debe ir acompañada de trabajo en conjunto y voluntad política-administrativa, a fin de generar procesos de democratización en las decisiones de la gestión de los recursos hídricos en la capital potosina y el estado que tomen en cuenta la opinión y las condiciones particulares de cada sector de la mancha urbana.
Asimismo, se debe considerar la importancia de hacer valer el derecho humano al agua para todos los sectores de la población, históricamente inexistentes en la zona metropolitana, entendiendo el agua como un factor central de calidad de vida y no como una mercancía de cambio para pocos.
Por otra parte, el presidente expresó que la entrega de la concesión es una oportunidad de cambiar hacia enfoques humanistas y ambientales, pues la crisis hídrica que se ha padece demuestra que los efectos del cambio climático son evidentes y, de no cambiar el rumbo, pueden agravarse de manera considerable e irreversible.
Además, puntualizó que es necesario mejorar las condiciones del suministro general de la zona metropolitana bajo nuevas formas, junto con procesos que procuren un equilibrio ecológico y ambiental, a fin preservar las áreas de recarga del acuífero, como la Sierra de San Miguelito y otras zonas amenazadas por el desarrollo urbano e inmobiliario.
“Eso plantea nuevas formas que contemplen una justicia hídrica, una equidad e igualdad en el abastecimiento del recurso e implicando nuevos procesos que se dirijan al equilibrio ecosistémico y al bienestar ambiental, lo cual tiene que vincularse con la protección de las áreas de recarga acuífera, principalmente en las faldas de la Sierra de San Miguelito y otras zonas de recarga al ser zonas naturalmente inundables, amenazadas por el desarrollo urbano e inmobiliario”.
Finalmente, Quintero García resaltó que la gestión pública del agua no debe volver a estar en manos de grupos que busquen una ganancia económica o la acumulación de capital a través del mercado del agua y el suelo, ya que bajo un modelo de privatización total o parcial, al menos en el país, no existe registro de un solo caso exitoso, sino que suelen tener como consecuencia el crecimiento de la desigualdad en el acceso al recurso y déficits económicos para la población y ambientales para los ecosistemas.
