Por Victoriano Martínez
En el colmo del cinismo, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha creado una nueva causal para reservar información pública: hasta que terminen de adecuarla para presentarla en cuanto les sea útil para demostrar que son mejores que sus antecesores.
El segundo párrafo del artículo 60 de la Ley de Transparencia estatal advierte que, en la atención a las solicitudes de información, “la obligación de entregarla no implica el procesamiento, ni la adecuación de la información al interés del solicitante, salvo la producción de versiones públicas del documento”.
Las razones que expuso este lunes Gallardo Cardona para no hacer pública la información sobre el gasto total, el padrón de proveedores y el proyecto integral de la MetroRed, representan el lado opuesto de esa limitante en la ley: para él, la obligación de entregarla implica procesarla para adecuarla su interés propagandístico como sujeto obligado.
La Ley señala que los servidores públicos no están obligados a procesarla para adecuarla al interés del solicitante, dado que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la contenida en documentos, que son los que deben de proporcionar sea directamente o la reproducción de su contenido.
Acceder a la información pública en el estado en el que se encuentra es fundamental para una verdadera rendición de cuentas, pues permite que sea el solicitante que la requirió quien la analice y verifique los datos a la luz del cumplimiento de las disposiciones legales, de los objetivos de los proyectos en curso, etc.
“Queremos presentar algo que estamos haciendo, el comparar lo que se hizo y lo que no se hizo. Se gastaron 300 millones de pesos y se hizo un fraude y estamos preparando una lista grande de lo que hicimos con 150 millones de pesos”, justificó Gallardo Cardona el motivo por el que no hacen pública la información generada en este sexenio sobre la Metro Red.
En sentido estricto, la solicitud de información sobre el gasto total, el padrón de proveedores y el proyecto integral de la MetroRed no tendría por qué haberse presentado, dado que los tres puntos se refieren a información pública que desde hace meses tendría que estar publicada en la Plataforma Estatal de Transparencia.
Fue esa violación a la Ley de Transparencia la que obligó al solicitante a presentar su requerimiento. El ocurrente argumento que ahora expone Gallardo Cardona para mantener reservada la información sólo muestra su poco respeto a la legalidad y la inercia de opacidad que mantiene, en una tendencia creciente de cada vez más un mayor ocultamiento de información.
El comparativo de la información que pretende presentar cuando lo tenga listo para sus fines propagandísticos y de promoción personal, no es más que la usurpación del derecho que tienen los potosinos de verificar y valorar con su propio criterio las determinaciones gubernamentales y el uso de los recursos públicos.
En los hechos, constituye el segundo paso para la obstrucción total del ejercicio democrático de rendición de cuentas que origina la existencia del derecho de acceso a la información pública. Primero, se oculta la información. Segundo, se proporciona con tal sesgo que se impide a la población realizar su propia evaluación del ejercicio gubernamental.
Y mientras la crisis de opacidad evoluciona descaradamente a un ocultamiento total de la información acompañado de su manipulación, el organismo garante del derecho de acceso a la información pública, la fantasmal CEGAIP, se mantiene en un muy costoso silencio cómplice.
