Por Victoriano Martínez
Hay expresiones que por un significado demasiado sabido o por su uso excesivo y desgastado son conocidas con el calificativo de “lugar común” o de plano como perogrullada y este jueves el Congreso del Estado confirmó que hablar de su sumisión al Poder Ejecutivo es expresar una verdad o certeza notoriamente sabida.
El nombramiento de Luis Fernando González Macías como titular en la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales siguió el “protocolo” de “lo que Usted diga, Señor Gobernador”, aunque no es un procedimiento que sea exclusivo de este sexenio.
Durante la administración de Juan Manuel Carreras López, el otro fiscal especializado, este en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción (conocido como fiscal anticorrupción), como instrucción desde Palacio de Gobierno, tuvo una ruta prácticamente igual: se presenta una terna en la que el elegido está cantado.
Con el fiscal anticorrupción, igual que hoy con el fiscal electoral, el nombramiento estuvo precedido por un largo periodo en el que se mantuvo acéfala, con un encargado del despacho, tras la renuncia del anterior, Jorge Alejandro Vera Noyola.
En aquella ocasión, el candidato de Carreras López fue Felipe Aurelio Torres Zúñiga, y la terna se completó con dos personajes de bajo perfil a quienes desde un principio no se les vio ninguna posibilidad de que pudieran resultar elector.
Entonces existieron algunos cuestionamientos sobre Torres Zúñiga por el desempeño que había tenido en cargos dentro del Poder Judicial del Estado. Aún así, obtuvo la mayoría calificada en la votación por parte de los diputados del Congreso del Estado.
En esta ocasión, el nombre de González Macías también fue acompañado en la terna por dos propuestas con poca visibilidad pública y, aunque también se le señalaron algunas fallas en el desempeño como consejero jurídico del propio Congreso del Estado, ganó la mayoría calificada con dos votos más que los que en su momento obtuvo Torres Zúñiga.
Una diferencia de dos votos que marca un ligero, muy ligero, contraste entre la sumisión al Ejecutivo por parte de los diputados de la LXII Legislatura en contraste con los actuales, de la LXIII Legislatura.
Entre los diputados de la Legislatura anterior hubo dos que realizaron posicionamientos de inconformidad sobre el proceso electivo de fiscal anticorrupción.
La diputada Marite Hernández Correa reprochó el poco interés en el combate a la corrupción, porque se mantuvo la Fiscalía Anticorrupción con un encargado de despacho poco más de un año.
El diputado Edgardo Hernández Contreras denunció que la votación ya estaba arreglada y advirtió que el fiscal anticorrupción sólo será un ministerio público más porque, por la forma en la que llegó, no podría contar con autonomía.
Entre los 27 diputados actuales no hubo uno sólo que mencionara el retraso para el nombramiento y que se hace con la presión encima del inicio del proceso electoral 2024, y mucho menos sobre los elementos que dejan claro que se trata de un fiscal electoral que carecerá de autonomía para su actuación.
Muy diferente a los pronunciamientos de sus antecesores, en esta ocasión también hubo dos posicionamientos, pero en tono de perdonar y olvidar los antecedentes del personaje nombrado y los modosos llamados a actuar con imparcialidad.
Alguien podrá decir que se trata de la sumisión de siempre del Poder Legislativo al Ejecutivo, por lo que señalarlo resulta una perogrullada. Pero habrá quien vea algunas diferencias que hacen pensar que en materia de sumisión hay grados, y la Legislatura actual supera por mucho a todas las anteriores… y han trabajado bastante para que resulte una obviedad.
