Por Victoriano Martínez
“Te vendieron problemas, wey”, le dijo un comunero de San Juan de Guadalupe a uno de los representantes del Grupo Desarrollador Cima en julio de 2022, cuando frenaron un primer intento de urbanización dentro de las 21 hectáreas del predio La Tiendita para construir el fraccionamiento Privadas Parque Real.
A casi año y medio de aquella advertencia, el grupo inmobiliario hoy –incluso en rebeldía y en franca violación a medidas precautorias dictadas por el Tribunal Unitario Agrario– oferta lotes en el predio que se mantiene en disputa, como si tratara de revender el problema que les advirtieron que compró.
El grupo inmobiliarios que realiza estas acciones de comercialización de terrenos en litigio es el mismo que ha pretendido urbanizar mil 805 hectáreas que finalmente quedaron dentro del Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito (ANPSSM), junto a la presa de la Cañada del Lobo.
Una maniobra de comercialización que ha sido considerada por los Guardianes de la Sierra de San Miguelito como un intento de lograr de lo perdido lo que aparezca, y una señal de que los empresarios inmobiliarios cada vez ven más lejana la posibilidad de que se concrete su intención por revertir el decreto de protección ambiental para la Sierra.
El hecho de ignorar medidas precautorias que les ordenan parar cualquier venta de predios dentro de La Tiendita bien puede efectivamente representar una acción desesperada por recuperar lo que hayan invertido para apropiarse de esos terrenos, pero no se debe perder de vista que es un indicador más de cómo la depredación inmobiliaria suele pasar por encima de la legalidad.
Si a esa actitud capaz de avasallar hasta a las disposiciones legales vigentes se le suma la sospecha de arreglos con el Ejecutivo estatal para la construcción de la Vía Alterna a la Zona Industrial como punta de lanza para el desarrollo de fraccionamientos a lo largo de su trayecto, es claro que mantienen intocada su intención de revertir la ANPSSM.
Es cierto que se les dificulta cada vez más, incluso con la posibilidad de que en 2024 pierdan el control del comisariado comunal de San Juan de Guadalupe los grupos afines a los empresarios inmobiliarios, pero también quedan las amenazas veladas sobre la correspondencia que los comuneros deben tener ante recursos económicos entregados por los desarrolladores.
“Vamos entonces a ver cómo nos retribuyen los que les hemos pagado”, les dijo el líder de los desarrolladores a los comuneros el en una reunión con los comuneros y su abogado el pasado 30 de junio.
“A nosotros nada más reconózcanos la cantidad que les hemos dado, en tierra, traemos un valuador … y así se acabó ya el problema”, les explicó.
¿Hasta dónde desplazar a los grupos afines a los fraccionadores de la dirigencia del Comisariado Comunal de San Juan de Guadalupe los protege de las acciones que pudieran llevar en su contra esos empresarios que esperan una retribución?
Es muy probable que el juicio agrario 93/2023 sea resuelto en favor de los comuneros y entonces los compradores de buena fe en el fraccionamiento Privadas Parque Real queden como el último eslabón en la compra de problemas.
¿Esa resolución favorable frenará los embates empresariales que buscan ser retribuidos o sólo abrirá un expediente de presiones de otra naturaleza?
La declaratoria de Área Natural de Protección de Flora y Fauna para la Sierra de San Miguelito equilibró las fuerzas entre el embate depredador inmobiliario y la defensa ambiental de ese territorio.
No obstante hay otra serie de situaciones conflictivas que podrían detonarse, ante las que las autoridades tendrán que estar muy atentas, sobre todo las federales ante la sospecha de que los empresarios inmobiliarios pretende romper ese equilibrio a su favor con el apoyo de las autoridades estatales y municipales.
