María Ruiz
El Colectivo ILE, en conjunto con el Colectivo Praxis Combativa, informaron a través de una rueda de prensa que se ganaron tres amparos que declaran la inconstitucionalidad de los artículos 148, fracción I y II, 149 y 150, fracción III del Código Penal del Estado, así como del artículo 16 de la Constitución del Estado que penalizan la interrupción del embarazo.
Con esto, se establece que en el estado de San Luis Potosí existen las tres primeras mujeres que podrán acceder al servicio de interrupción legal del embarazo sin criminalización.
Integrantes de ambos colectivos explicaron que se trata de un precedente histórico, no solo en materia jurídica y legal, sino en la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
Sin embargo, informaron que aún quedan pendientes cuatro recursos de amparo que continúan su curso dentro de los juzgados cuarto, sexto y octavo de distrito y que podrían definirse en los próximos meses.
Las promoventes de estos amparos detallaron que, en su legítimo derecho, podrán acudir a cualquier unidad o clínica médica privada y pública a solicitar el servicio médico de abortar si lo llegan a necesitar en un futuro, y deberán acceder a la interrupción de su embarazo sin que sea penalizado.
“Las tres mujeres que promovieron el juicio amparo y ganaron, se les dejan de aplicar estos artículos. Entonces, en un supuesto hipotético de que alguna resultara embarazada y es su voluntad practicarse una interrupción del embarazo, ahora va a ser voluntaria, legal y ninguna institución pública dentro de San Luis Potosí va a poder impedirlo, ponerles obstáculos o ponerles alguna carga adicional para realizarse la interrupción”.
Estas tres sentencias dan un margen para que el propio Estado se haga cargo del servicio y satisfaga ese derecho humano reproductivo.
No obstante, detallaron que los siete amparos que fueron presentados son de mujeres que no se encuentran en una etapa gestante de embarazo, y aunque este recurso legal puede aplicarlo cualquier mujer o persona gestante, se tiene que tomar en cuenta el tiempo que requiere este procedimiento jurídico y así salir lo más legalmente favorecidas posibles.
“Este juicio se realizó con mujeres que no se encuentran en estado de gravidez porque antes se tenía el pensamiento de que únicamente una mujer embarazada, ya estando embarazada, podía pedir interrupción; una vez negado, se puede promover este recurso. Sin embargo, se recomienda que se tomen en cuenta los tiempos, pues estas tres sentencias de amparo tardaron aproximadamente cinco meses en resolverse”.
Por lo que también hicieron una propuesta abierta para que cualquier mujer o persona gestante, sea quien sea, pueda acceder sin ningún costo a la elaboración de este tipo de recurso, y así como los tres casos que ya obtuvieron una sentencia favorable, puedan acceder a la interrupción legal del embarazo.
“Se necesita básicamente una copia certificada de su credencial del INE para acreditar que viven en San Luis Potosí y que son mujeres o a personas gestantes, y ya estaríamos en condiciones de promoverles este juicio amparo”.
