Por: María Medrano
“Su mayor preocupación [de quienes integran el Mecanismo] es proteger a sus instituciones o a sus jefes (…) no es ayudar a las y los periodistas, que se supone que para eso es el mecanismo”.
Con estas palabras resume Samuel Estrada el trabajo del Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de San Luis Potosí, a un año de haber dejado el cargo honorario como exrepresentante de periodistas de ese organismo. “Me queda un sabor de boca amargo de que no se está cumpliendo con la función”, lamenta.
De acuerdo con Comunicación e Información para la Mujer (Cimac) de 2019 a 2023 ocurrieron 42 agresiones contra mujeres periodistas en San Luis Potosí, algunas de ellas se trataron de violencia física, como es el caso de Ruth Berrones Casasola, quien fue empujada y golpeada por granaderos.
Sin embargo, la existencia del Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, desde octubre de 2021, no ha representado ningún beneficio para las periodistas.
La conformación de este Mecanismo está establecida en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a nivel estatal, aprobada en octubre del 2021; y para cuyo análisis la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí (RMPSLP) solicitó al Congreso del Estado ser consultada.
Fue sólo a partir de dicha solicitud que se llevaron a cabo foros en donde participaron organizaciones de protección y defensa del ejercicio periodístico y de defensa de derechos humanos, como Comunicación e Información de la Mujer (Cimac) y Artículo 19.
Entre las principales recomendaciones que se hicieron a la propuesta original se sugirió armonizar el concepto de “agresiones” con el que se establece en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, considerar el enfoque de género y, en algunos casos, modificar artículos que ponían en riesgo el derecho de acceso a la información pública.
También se sugirió que el Mecanismo local fuera un brazo ejecutor de las medidas de protección que se determinaran a nivel federal, luego del análisis de contexto de cada caso, porque un organismo con la representación de diversas autoridades resultaría “inoperante”.
Además se visibilizó que en el Mecanismo local no se contemplaba un apartado relacionado con recursos de impugnación de las resoluciones que tome.
Otro de los aspectos a visibilizar es que en los primeros párrafos de la Ley se menciona un Comité Estatal cuyas atribuciones son: identificar los patrones de agresiones, elaborar un mapa de riesgos dentro del Estado, definir y evaluar las medidas preventivas a aplicar, pero esta figura no vuelve a aparecer en la redacción más que para establecer que su disolución dará origen al Mecanismo Estatal, órgano máximo de decisiones.
Solo algunas de estas observaciones fueron atendidas.
El resultado es que algunas de las resoluciones del Mecanismo de protección han sido señaladas debido a su falta de análisis profundo y perspectiva de género por la RMPSLP. Tal es el caso revisado por el organismo el 15 de julio del 2022, en el que determinó que no hubo vulneración contra una periodista que habría sido violentada a través de las expresiones de un comunicador y un servidor público.
Al respecto la Red de Mujeres Periodistas emitió un comunicado en el que apuntó: “Sin mediar un análisis elemental de los hechos previos o al menos haberlo atravesado con perspectiva de género… la coordinación de la Unidad de Protección del Mecanismo, en voz de su titular, la Antrop. Verónica Onofre, aseguró que ‘no es posible para nosotros determinar que la supuesta agresión fuera contra la periodista y no es posible tampoco determinar que esto fuera una agresión’”.
La red agregó “considerar que dichas expresiones no constituyen violencia en razón de género, contribuye a normalizar discursos y conductas que infantilizan… discriminan y estigmatizan a las mujeres; pero, además, favorece el contexto de violencias machistas que enfrentamos las periodistas dentro y fuera de las redacciones, en el ejercicio de nuestra labor”.
Opacidad y poca representación
Dentro del Mecanismo Estatal, en el que hay diez integrantes y donde se toman la mayoría de las decisiones, opera la Unidad Estatal, la encargada de implementar las medidas de protección, recibir denuncias y llevar a cabo el seguimiento de los casos que se presenten.
La Ley estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del estado de San Luis Potosí obliga a que dentro del Mecanismo exista la representación de dos personas periodistas y dos personas defensoras de derechos humanos (dos hombres y dos mujeres, en atención a la paridad de género).
La forma en que se eligen estos representantes, por convocatoria, vino a suplir la invitación directa que se hacía a jefes de información y dueños de medios de comunicación, que poco o nada saben sobre enfrentarse a las agresiones del periodista “de a pie” en la cobertura diaria.
Los primeros en ocupar estos cargos honoríficos fueron, por parte del gremio periodístico: Samuel Estrada Rodríguez y María José Puente Zavala, su periodo fue de un año, actualmente ese lugar lo ocupan Lucina López Mendoza y José Luis Vázquez Cruces, quienes estarán por un periodo de tres años.
Lucina López ha denunciado en diversas ocasiones la inacción del Mecanismo, su tardanza en sesionar y la demora, también, en emitir las acciones de protección a periodistas que han denunciado agresiones.
De acuerdo con datos solicitados por José Luis Vázquez Cruces, desde su creación, el Mecanismo ha atendido siete casos de mujeres periodistas y ocho casos de hombres periodistas. Mientras que en 2023 sólo recibió una denuncia, cifra que contrasta con lo que tiene documentado la Red de Mujeres Periodistas que contabiliza al menos cuatro agresiones contra sus integrantes.
Por su parte, según la solicitud de información de folio 241230223000268 de fecha 25 de octubre del 2023, desde su creación la Unidad Estatal del Mecanismo ha realizado 40 atenciones a personas defensoras de Derechos Humanos (17) y Periodistas (23). Solo una persona se ha agregado a la protección.
Samuel Estrada Rodríguez, exrepresentante de periodistas ante el Mecanismo, señaló que en las sesiones se puede percibir el desinterés de los funcionarios que lo integran por atender el propósito de este órgano de protección, lo que limita la posibilidad de analizar a profundidad los casos.
También se ha expuesto que no hay respeto al propio organismo, ya que ha habido cambios en la conformación de la Unidad Estatal sin que estos hayan sido aprobados previamente por el pleno del Mecanismo, tal es el caso de Verónica Onofre quien fue sustituida por Patricia Espinoza Gómez.
Otro aspecto que podría frenar el alcance positivo del Mecanismo es que dado que las y los periodistas y personas defensoras sólo ocupan cuatro de diez espacios, invariablemente las y los representantes del gobierno usan su mayoría para votar a favor de las resoluciones que más le favorecen, atendiendo a los intereses de la administración en turno, señala Estrada Rodríguez.
De acuerdo con la solicitud de información de folio 241230223000269, el Protocolo para la Implementación de Medidas de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en San Luis Potosí, así como las las actas de sesión del Mecanismo y las resoluciones tomadas por la Unidad han sido declarados documentos clasificados, por lo que no se puede tener claridad de sus acciones, más allá de los reportes trimestrales que presenta.
Estigmatización y persecución
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, mantiene un doble discurso respecto de la libertad de expresión, por una parte sus boletines destacan la supuesta protección a periodistas, pero por otro lado insulta, estigmatiza y criminaliza al periodismo que lo cuestiona y critica en su ejercicio de la función pública.
Ese doble discurso tiene una constante: las alabanzas a su gobierno se aplauden; los cuestionamientos, la exhibición de fallas y la opacidad en su gestión se minimizan, ignoran y se cuestionan.
Organizaciones como Artículo 19, Cimac, la RMPSLP y Educación y Ciudadanía, han rechazado los discursos infamantes emitidos por Gallardo Cardona y señalado que “existe un patrón de intolerancia por parte del funcionario de responder a preguntas críticas en donde evita responder a la pregunta y estigmatiza al mensajero”.
El caso de Alicia (testimonio protegido), es uno de los que demuestra que el discurso de respeto al ejercicio periodístico por parte de la administración estatal es sólo una pantalla, y que en las acciones hay persecución a periodistas que incomodan.
Alicia renunció al medio para el que trabajaba luego de que la cambiaron de fuente presumiblemente a petición de la administración estatal. Cuando esto ocurrió ella llevaba semanas siendo acosada por funcionarios de Comunicación Social del Gobierno del Estado.
No tardó en obtener otro trabajo, pero su nuevo jefe le advirtió que le habían llamado de Comunicación Social del Gobierno del Estado para decirle que ella se quejaba con frecuencia de la administración estatal, lo que ella percibió como una advertencia para el desarrollo de su labor. Sin embargo ante la necesidad económica siguió trabajando ahí.
Incluso, cuando parecía haber conseguido un segundo empleo como Jefa de Información en un medio local reconocido, después de dos reuniones formales con los directivos y luego de haber agendado la presentación con el equipo de redacción, de pronto le pidieron que trabajara desde casa y le dijeron que luego le llamarían. Han pasado dos meses y medio desde entonces y la llamada no ha ocurrido.
Una fuente al interior de la administración estatal le reveló que desde la Coordinación de Comunicación Social habían hecho una llamada a su jefe para tumbar su contratación.
Apoyos se quedan cortos
Una de las obligaciones del gobierno, de acuerdo con la Ley estatal, es “implementar medidas de prevención, entendiéndose por éstas, el conjunto de acciones y medios encaminados a desarrollar políticas públicas y programas con el objetivo de reducir los factores de riesgo que favorecen las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, y periodistas, así como para combatir las causas que las producen y generar garantías de no repetición”.
Sin embargo, el “apoyo” que el periodismo ha recibido es acceso a los programas sociales a los que de por sí tiene derecho toda la población potosina, tales como útiles escolares, calzado y uniformes para hijos e hijas de compañeros y compañeras periodistas, y “Clínicas Rosas” para la atención de mujeres periodistas.
La Ley estatal de Protección también establece que el Ejecutivo “implementará medidas tendientes a difundir los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, y de periodistas, mediante programas permanentes o eventuales de información”, lo que tampoco ha ocurrido.
Este desconocimiento del gremio periodístico sobre sus derechos causa una normalización de las agresiones o la violencia por considerarlas “gajes del oficio”; pero incluso cuando estas sí se reconocen, el conocimiento adquirido sobre lo tortuoso de los trámites para acceder a la justicia, inhibe la denuncia.
Una encuesta realizada por la Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí en 2022, reveló que la mayor parte de las agresiones documentadas hacia periodistas las ejerció el funcionariado público, sin embargo en 6 de cada 10 casos decidieron no denunciar porque hay desconfianza en las autoridades y consideran que pueden perder su empleo.
En los últimos años, incluso la violencia se ha manifestado de manera digital y la indiferencia de las instituciones no se limita al Poder Ejecutivo y el Mecanismo Estatal sino que también al Poder Legislativo y las comisiones creadas ex profeso para atender estos casos.
Ese es el panorama en el que se ejerce periodismo actualmente en San Luis Potosí, sin la existencia real de un órgano que procure la protección a las y los periodistas.
Los cambios requeridos
Para Alejandra Balduvín Álvarez, representante de personas defensoras de derechos humanos, dentro del Mecanismo Estatal la incorporación de solo una persona a la protección no es suficiente como para evaluar su funcionamiento.
Sin embargo sí deja pistas sobre el actuar de quienes conforman el Mecanismo y desde el funcionariado público; en el caso de personas representantes ciudadanos, su ejercicio se ha limitado a la recepción de informes “poco detallados” de cómo se toman las resoluciones (sobre los casos que atienden).
“La aprobación se vuelve un ‘te informo’ y solo tienes dos opciones: que suceda o que no suceda y no se habla del cómo debería de suceder, que tendría que ser la parte fundamental de la conformación de esa mesa”.
Desde su perspectiva, las acciones del Mecanismo Estatal no deberían ser de reacción ante las agresiones, sino de prevención; hay que “reconocer de dónde vienen los ataques, para así atacar las causas profundas de la violencia contra periodistas y de la impunidad que hay sobre los casos que ya requieren medidas de protección o que no les alcanzaron o no les fueron suficientes para proteger su vida”.
Para esto, desde el Mecanismo se debe adoptar una postura crítica de no tolerancia, promover sanciones penales (en su caso) contra la violencia hacia periodistas y personas defensoras de derechos humanos, y producir datos de calidad con indicadores claros de su ejercicio y funcionamiento.
Iniciativa implementada por Comunicación e Información de la Mujer A.C., el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C en Chihuahua. y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A. C financiado por la Unión Europea en el proyecto Mujeres defensoras y periodistas incorporan el enfoque de derechos humanos de las mujeres en la política pública de protección integral en la materia.
