Por Victoriano Martínez
La inseguridad es un asunto de percepción en tanto que la incidencia delictiva lo es de estadísticas relacionadas con el número de delitos cometidos. Se trata de índices que no necesariamente tienen una relación directa entre sí, y así lo muestra el contraste en los datos que en ambos casos se dieron a conocer esta semana.
Por un lado, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer que el 2023 cerró con un índice de 73 por ciento de percepción social de inseguridad pública en la ciudad, que se coloca en el punto más bajo en lo que va de la administración de Enrique Galindo Ceballos como alcalde.
Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública difundió las estadísticas sobre los delitos cometidos por municipio, en las que el caso del municipio de San Luis Potosí aparece con un crecimiento de 29 mil 501 cometidos durante 2022 a 32 mil 728 en 2023. Un crecimiento del 10.94 por ciento en el número de delitos.
Un crecimiento en el número de delitos no se reflejó en un crecimiento en la percepción de inseguridad, ni el hecho de que hoy sean menos los habitantes de la ciudad que sienten miedo representa que se cometan menos delitos.
Es innegable que durante la actual administración ha disminuido entre la población la percepción de inseguridad con una tendencia a la baja a lo largo de los 27 meses que lleva, pero no es algo que se deba sobredimensionar: la percepción en septiembre de 2021, cuando terminó el trienio anterior, era de 76.8 por ciento, y en diciembre pasado lo fue de 73 por ciento.
Si de entre las 10 encuestas trimestrales aplicadas por el INEGI sólo en los dos últimos meses se tuvieron índices de percepción de inseguridad inferiores al que se tenía en septiembre de 2021, los picos de hasta más de un 81 por ciento en junio y septiembre de 2022 indican que, aunque la tendencia en el periodo es ligeramente a la baja, queda por ver qué tan consistente resulta.
En el caso de la incidencia delictiva, la tendencia al alza resulta más estable, a pesar de que en los últimos tres meses se dio una reducción en el número de delitos. El periodo de reducción aún es corto para considerar que pueda volverse una tendencia a la baja, si se considera que en otros lapsos hubo reducciones a las que les siguieron incrementos.
El mes con menor número de delitos de la actual administración municipal fue enero del 2022 con mil 833 delitos, pero cuatro meses después la cifra llegó a 2 mil 682 delitos cometidos en el mes de mayo.
Si bien el mes de diciembre se encuentra entre los cuatro meses en los que se registró el menor número de delitos, el hecho de que a los tres casos anteriores les haya seguido un periodo de crecimiento en la incidencia obliga a no ser tan optimistas con el caso más reciente.
Entre la percepción de inseguridad y la incidencia delictiva, más vale que las autoridades responsables de la seguridad pública eviten precipitarse a celebrar que son menos, poquito menos, los pobladores del municipio que se sienten con miedo y revisen con detenimiento la tendencia creciente en el índice de delitos para tomar las medidas pertinentes. Sobre todo, ahora el alcalde tiene –por su calidad de aspirante a la reelección– necesidad de proyectarse como alguien que da resultados.
Si la percepción de inseguridad no depende de la evolución de la incidencia delictiva, aquella no puede ser instrumento para proyección de imagen, en tanto que a ésta se le debe una atención firme para lograr su disminución por ser la vía directa para garantizar seguridad a la población.
