Óscar G. Chávez
Pareciera que el video dado a conocer a fines de la semana pasada tuvo secuelas que afectaron gravemente el ánimo de la instancia gubernamental; desde que se hizo público –lo dije en este mismo espacio el pasado sábado– el gobernador y su general de gobierno se cuidaron de aparecer en público y guardaron prudente, además de un poco común silencio que la oposición y varios medios de comunicación también fueron cuidadosos en evitar quebrantarlo. Este silencio se prolongó hasta lunes o martes de esta semana y, sin importar que otros problemas aquejaran a la administración pública, dichos funcionarios evitaron dar declaraciones.
Luego, supimos que el gobernador desconocía sobre el incremento de cuarenta centavos en la tarifa del transporte público, como también ignoraba el problema financiero que afectaba, y afecta, a los trabajadores del Poder Judicial del estado, y al parecer del préstamo solicitado desde el año pasado por la Universidad Autónoma, pero no realizado por el gobierno estatal. Ninguno de estos asuntos es nuevo, todos sabemos cuál es el estado (pero no el destino) de los recursos públicos, pero finalmente el silencio generado por el escándalo acabó resultando muy conveniente al gobernador.
Esto nos muestra que hay ciertas circunstancias para las cuales el normalmente boquisuelto gobernador no está preparado a dar respuesta; en realidad quizá para ninguna respuesta está preparado, pero hay delicados asuntos en los que prefiere esconder la cabeza, quizá por miedo a meterse en un zarzal del que ya no pueda salir y le genere problemas mayores o por miedo a que continúen haciéndole señalamientos que contribuyan a hacer mayor el escándalo.
Aquí, finalmente, el contenido del video y su difusión son lo de menos, el tema central debería serlo la permisividad con la que han actuado las diversas personas e instituciones que se ven afectadas un día sí y a la otro también por su sumisión ante los torcidos actos del gobernador; los ejemplos más claros los representan el Poder Judicial y la UASLP, ambos en su momento no supieron o no quisieron enfrentarse ni en el marco de lo institucional y con el respaldo de las propias instituciones, ni en el del debate serio y fundamentado, contra las atrabiliarias decisiones del gobernador.
Pensar que todo esto será temporal es un error; parecen no quererse dar cuenta que estas disposiciones irán incrementando, así como su poder en el entorno; agreguemos un ejemplo más: el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que acabó siendo sometido a los caprichos gubernamentales, no sólo por el primero sin segundo y el segundo sin primero, sino también por la sumisión del aparato jurídico encargado del análisis del caso.
El proceso electoral en puerta y sus posteriores resultados comenzarán a dar una idea no sólo del poder alcanzado sino también de la magnitud de su maquinaria y que, en el afán de nadie salir de su zona de confort y merecimientos, se prefiere no ver o mejor aún, ignorar por completo. Siempre beneficia más un mal acuerdo que una dolorosa victoria.
¿Con qué calidad moral Marcelo de los Santos apuntalaba a Enrique Galindo para la reelección cuando ambos han sido si no serviles, sí sumisos no sólo ante las calumnias contra ellos, sino también ante las arbitrariedades que se cometen contra el patrimonio de los potosinos?, ¿con qué solvencia los priístas se inconforman ante las tropelías de sus dirigencias estatal y nacional, cuando como oposición no funcionan ya ni de adorno?, ¿para qué los panistas buscan abanderar una candidatura del alcaldía cuando es evidente que desde el primer día de esta administración se han sometido a los caprichos del gobernador a cambio de prebendas y concesiones?, ¿de qué se quejan los afectados por la retención de recursos que les corresponden si cuando han debido denunciar no lo han hecho?
Nada se les quita, tienen lo que se merecen, a ver si reaccionan cuando dejen de recibir o cuando sea demasiado tarde.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
