Por: Antonio González.
Durante el primer semestre de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha iniciado 89 expedientes de queja en contra de servidores públicos del gobierno federal en San Luis Potosí. La entidad ocupa la posición veintiuno, y entra las entidades federativas con más violaciones a derechos humanos vinculados a servidores públicos de la federación.
Con 30, es decir, el 33.7 por ciento del total, el Instituto Mexicano del Seguro Social es la institución que más quejas presenta por su actuación. La mayoría de las quejas en contra clínicas y hospitales del IMSS en San Luis Potosí son por prestar indebidamente el servicio al público.
Contra el IMSS, hay además siete quejas por casos de negligencia médica, dieciséis expedientes por negarse a brindar servicio a personas que solicitaron su servicio, así como tres en que el Instituto se negó a surtir recetas a enfermos.
En los primeros seis meses del año, otra institución federal que enfrenta quejas ante la CNDH, es el Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación que cuenta con nueve. Hay en contra de personal de esa dependencia en San Luis Potosí, seis quejas por trato degradante, cruel e inhumano, en las que se incluye además la transgresión a los derechos de los familiares de migrantes detenidos en San Luis.
Otra dependencia de servicio a la población como es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tienen seis expedientes de queja, entre los que destaca prestar indebidamente el servicio a derechohabientes, omitir información a familiares sobre el estado de pacientes, así como negar el servicio a quien lo solicita en una emergencia.
De suyo, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) tiene cinco quejas porque algunos de sus empleados faltaron a la ética en el servicio público.
Como se podrá apreciar, dependencias que al tener trato directo con la población estarían obligadas a dar un trato respetuoso y humano a quienes solicitan sus servicios, resulta que actúan en sentido contrario tal y como lo muestran las quejas recibidas por la CNDH desde San Luis Potosí.
