Fernanda Durán
El diputado José Antonio Lorca Valle consideró que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe realizar una investigación a fondo en el caso del presunto fraude en la Dirección de Pensiones del Estado, para detener a todos los culpables sin excepciones y recuperar el dinero de los pensionados.
El legislador espera que no se castigue a nadie que no sea culpable, pero que aquellos que llevan un proceso avancen de forma adecuada para recuperar los millones de pesos que se deben a Pensiones, sobre todo para que no haya impunidad para quienes robaron el dinero, desviaron los recursos o se prestaron para esta acción.
“Yo hablo de todos, yo no haría excepciones si es pariente, si es familia, si es primo, si es amigo a todos. Al que es, al que haya robado y al que actúe mal porque así es la ley, la ley no hace excepciones”.
Tras la detención por parte de la FGE de siete personas presuntamente involucradas en un desvío millonario de recursos de la Dirección de Pensiones, la diputada Claudia Tristán Alvarado y el diputado Edmundo Torrescano Medina también opinaron sobre el caso.
La diputada mencionó que más allá de un castigo a los responsables, lo importante es obligarlos a que se regrese lo robado, pues no se puede permitir que este tipo de acciones sigan ocurriendo y afecten a quienes tienen su dinero en las instituciones.
Torrescano Medina se mantuvo bajo el argumento del principio de presunción de inocencia sobre aquellas personas que han sido vinculadas al caso o reconocidas en notas periodísticas como Gerardo Sanchez Zumaya, quien fue socio de la empresa que presuntamente fue utilizada para desviar al menos 200 millones de pesos de la Dirección General de Pensiones.
Aseguró que las labores periodísticas que en su momento se hagan pueden ser valoradas por la Fiscalía dentro de las investigaciones donde definirá si hay un vínculo o no.
El también ex secretario particular de Juan Manuel Carreras señaló que le preocupa más la impunidad que las repercusiones políticas que el caso pudiera tener debido a que trascendió una administración estatal, ya que de acuerdo con la Fiscalía las acciones investigadas van del 2020 al 2023.
“No puede ser sesgado una sola administración, pero lo que sí representa es que la Fiscalía está realizando sus trabajos investigación. El tema político no lo vería en este caso, porque precisamente abarca dos administraciones estatales”.
