Estela Ambriz Delgado
Los criterios establecidos por la jueza primera de Distrito, Ana Ley Flores Sánchez, en las sentencias emitidas contra Áreas Naturales Protegidas evidencian una consigna del Poder Judicial Federal contra las determinaciones del Gobierno Federal, así como la corrupción de funcionarios de los tres niveles, así lo considera Guardianes de la Sierra de San Miguelito.
La organización informó que en dichas sentencias —una en el expediente 924/2021 respecto a una superficie del ejido Estancia de Calderón en Villa de Reyes, para excluir del Programa de Manejo del Parque Nacional Gogorrón una superficie de cerca de mil hectáreas, así como del amparo 10/2022 contra el decreto de Área de Protección de Flora y Fauna Sierra (APFF) de la Sierra de San Miguelito—, los criterios establecidos por la jueza equiparan que los decretos de protección despojan y perturban los derechos de posesión y propiedad.
Sin embargo, consideraron que estas afirmaciones son falsas y tendenciosas, además de que evidencian una consigna del Poder Judicial Federal contra las determinaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que Guardianes de la Sierra mantiene su planteamiento de que se investigue a los fraccionadores, sus acciones de corrupción y manejo indebido de recursos para comprar a líderes de ejidos y comunidades, funcionarios federales, estatales, y municipales.
De igual forma, piden al Gobierno Federal que se cancelen autorizaciones a los grupos facticos que, por una parte, atacan al Parque Nacional Gogorrón y la Sierra de San Miguelito, y por otra son favorecidos con proyectos como la Vía Alterna a la Zona Industrial y el desdoblamiento del Libramiento Poniente.
En este sentido explicaron que el primer caso reproduce el ataque de los fraccionadores, que usando a los representantes del ejido Estancia de Machado, excluyeron a más de mil hectáreas del Programa de Manejo del Parque Gogorrón; y en el caso del ANP Sierra de San Miguelito, es la primera de una andanada de sentencias en contra, con las que los fraccionadores buscan derogarla en este 2024.
Asimismo, la organización señaló como delicado que el acuerdo haya circulado sólo entre grupos pro empresariales, pues denota que ya hay una sentencia del juzgado que se ha ocultado su notificación para que corran los términos de la revisión y para que no puedan defenderse el Gobierno Federal.
“Esto es consecuencia de una estrategia perversa entre el Poder Judicial Federal y los grupos de poder económico, esto no puede ser. ¿Cómo puede emitirse una sentencia y que no salga publicada, pero si corre el término? Esto te da una idea de cómo se están llevando a cabo las cosas”, expresó uno de sus integrantes.
