Por Victoriano Martínez
Después de seis años y nueve meses de que entró en vigor la ley que creó el Sistema Estatal Anticorrupción, hoy 27 de febrero de 2024 habrán quedado capacitados todos los sectores involucrados en el Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción (PIPEA) para que comiencen en forma las actividades de combate a la corrupción.
A partir del pasado 16 de febrero, tras la presentación del PIPEA el día anterior, comenzaron las capacitaciones a los tres poderes, los organismos constitucionales autónomos, los ayuntamientos, el propio comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, hasta concluir hoy con las cámaras empresariales, los organismos de la sociedad civil y la academia.
El Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), desde su creación en la Ley del SEA publicada el 25 de mayo de 2017 en el Periódico Oficial del Estado como decreto 0640, se ha caracterizado por ser obstaculizado desde el Ejecutivo estatal con actitudes de simulación en las que se proclaman convencidos de luchar contra la corrupción, pero en los hechos evitan participar.
Juan Manuel Carreras López, como gobernador, enarboló la bandera de la transparencia y el combate a la corrupción, pero, aunque en su sexenio se creó el SEA, se encargó de impedir que las distintas estructuras del Sistema se pusieran en marcha.
De haberse cumplido con los plazos establecidos en los artículos transitorios del decreto 0640 de la LXI Legislatura, para finales de octubre de 2017 se habría tenido instalado el Secretariado Ejecutivo del SEA (SESEA) y lo que hasta hoy se ha alcanzado es probable que hubiese ocurrido hace más de tres años.
Pero si en algo ha tenido continuidad el SEA entre el sexenio pasado y el actual es en la falta de apoyo de parte del Poder Ejecutivo para agilizar las acciones que contempla la Ley, lo que es evidente en la propia cronología que presenta el SESEA en una línea de tiempo publicada en su sitio Web.
Los avances durante el actual sexenio van desde la aprobación de la Política Estatal Anticorrupción el 22 de diciembre de 2021 para avanzar con la aprobación del Programa de Implementación hasta el 13 de octubre de 2023, casi dos años después, y concluir la capacitación de las organizaciones involucradas hasta hoy.
La Plataforma Digital Estatal (PDE) del SEA es uno de los más claros indicadores de la simulación de proclamarse combatientes de la corrupción y actuar totalmente en sentido contrario ya que, a pesar de adoptar como propia la Política Estatal Anticorrupción, el Ejecutivo no se ha adherido a ninguno de los tres módulos de información que ya operan en la PDE.
El Poder Ejecutivo del Estado se ha negado a publicar en la PDE las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal; la relación de los funcionarios relacionados con los programas de adquisiciones y la relación de servidores públicos y privados sancionados, a pesar de ser información a la que la Ley del SEA lo obliga.
Aun así, durante la presentación del PIPEA, Ángel Gonzalo Santiago Hernández, subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos, afirmó que en el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona el combate a la corrupción forma parte de su agenda política y advirtió que estarán atentos a que se cumple con el Programa de Implementación.
“Pedimos que desde cada una de las trincheras en que nos encontremos estemos atentos y vigilantes de que cada institución cumpla con su debida función que tenemos establecida”, aseguró el enviado del gobernador a la presentación del PIPEA.
Desde el 10 de junio de 2021 se emitió la Declaratoria de Inicio de Operación del Sistema 1 (S1) de la Plataforma Digital Estatal de San Luis Potosí (PDE SLP) para publicar las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal de los servidores públicos y en lo que va del sexenio el Ejecutivo se ha negado a adherirse a la PDE.
El llamado de Santiago Hernández podría considerarse una forma indirecta de anunciar que finalmente se adherirán a los módulos que ya operan en la PDE, o una expresión más de la simulación en la que se convoca a cumplir lo que ellos mismos no están dispuestos a cumplir.
A tres meses de cumplirse siete años de la creación del SEA, apenas se comenzará a trabajar en un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación, y captura de datos sobre el combate a la corrupción conforme al Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción. Ya se verá si logra ser un programa que revierta siete años de simulación… o sólo le dará continuidad.
