Estela Ambriz Delgado
La movilidad es un derecho humano, y como tal es parte fundamental para garantizar una mejor calidad de vida de las personas. Sin embargo, la zona metropolitana de San Luis Potosí no cuenta con políticas públicas ni un marco normativo adecuado que garanticen que este derecho pueda ser accesible a todos y sustentable, por lo que es indispensable que se legisle en la materia.
Así quedó de manifiesto en el foro de diálogo sobre el proyecto de Ley de Movilidad para el Estado, en el que la investigadora del Colegio de San Luis (Colsan) Fuensanta Medina Martínez hizo una amplia exposición sobre el derecho a la movilidad, los aspectos fundamentales que debe comprender, como un diseño universal, accesibilidad y sostenibilidad, así como los principios a considerar para la elaboración de una ley y de política pública.
Asimismo, a manera de contexto, indicó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha establecido que uno de las componentes de la movilidad tiene que ser, por fuerza, la seguridad vial, por lo que no puede existir uno sin el otro, pues de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, cada año mueren 1.3 millones de personas y hasta 50 millones son heridos por accidentes viales.
De dicha cifra se tiene además que el 90 por ciento de las muertes por accidentes de tránsito ocurren en países de ingresos bajos y medios; 49 por ciento de las personas que mueren en las vías de tránsito del mundo son peatones, ciclistas y motociclistas; y los traumatismos causados son ahora la principal causa de muerte de niños, niñas y jóvenes de los cinco a los 29 años de edad.
En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registró que en 2021 ocurrieron 340 mil 415 siniestros viales, en los cuales se registraron 82 mil 400 heridos y 4 mil 400 fallecidos.
Medina Martínez destacó que las organizaciones internacionales consideran la movilidad como parte fundamental para garantizar mejor calidad de vida y, en este sentido, se reafirma que la seguridad vial es un componente fundamental en la configuración de entornos urbanos saludables y seguros.
Las propuestas en el Congreso del Estado
Respecto a la legislación en la materia, mencionó que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial publicada el 17 de mayo de 2022, de la cual diputados de la LXIII Legislatura local copiaron aproximadamente un 75 por ciento para hacer sus propuestas, cuenta con principios como transversalidad, a fin de integrar a distintas dependencias; seguridad, para la protección de la vida e integridad física; perspectiva de género; diseño universal; y sostenibilidad.
Asimismo, la investigadora dijo que de las propuestas a nivel local establecen que la movilidad sea sostenible y equitativa en la medida en que incremente la accesibilidad de sus comunidades y que puede existir la diversidad necesaria para que toda su población se mueva en un sistema de transporte intermodal.
Además de que puntualizó algunas de las características del proyecto de ley, como la creación de un Sistema Estatal de Movilidad y Seguridad Vial; el diseño de una estrategia estatal de movilidad, así como un Sistema de Información Territorial y Urbano del Estado.
Además de establecer una cultura de educación vial para la disminución y prevención de accidentes, con los que al momento no se cuenta en el territorio potosino. Sin embargo, señaló que las y los diputados locales han dejado congeladas las iniciativas.
Medina Martínez manifestó que las políticas públicas tendrían que jerarquizar la prioridad en el uso y la disposición de las vías, anteponiendo a las personas con un enfoque equitativo y diferenciado en razón de género, personas con discapacidad y movilidad limitada; en segundo lugar, las personas ciclistas y usuarias de vehículos no motorizados; en tercero, las personas usuarias y prestadores de servicio de transporte público de pasajeros; posteriormente, personas prestadoras de servicios de transporte y distribución de bienes y mercancías; y al final las personas usuarias de vehículos motorizados particulares.
