Óscar G. Chávez
El amotinamiento de reclusos ocurrido en el Centro de Readaptación Social de San Luis Potosí hace dos semanas no sólo evidencia las fallas internas del propio centro y del sistema carcelario del estado en general, sino también muestra la desatención por parte del gobierno del estado y lo que para éste y sus estructuras representan tanto el referido sistema como, en general, todos los centros de readaptación en el estado.
Ya resulta absurdo culpar a las administraciones pasadas y los errores cometidos por éstas; seguir dentro de esta dinámica y tomarla en serio nos mostraría un gobierno de incompetentes y a un atajo de imbéciles que se siguen tragando el cuento de la herencia maldita. Decirlo y creerlo nos mostraría a un gobernador que ya casi a la mitad de su sexenio no ha sido capaz de tomar el control del estado que gobierna y que, incluso, sigue sometido por los actores políticos del pasado.
Justificaciones habrá de sobra, pero ésta es la peor de todas, sobre todo si el gobernador se asume (es lo que hay tras ese discurso) como un incapacitado o discapacitado para dirigir, administrar, reestructurar, controlar y organizar un estado. De que algo hay de eso, es un hecho, pero sería la primera vez que un gobernador admitiría públicamente ser un incompetente; lo demás es evidente, se encuentra rodeado de funcionarios que no en supuesto sino en realidad lo son, comenzando por su secretario general de Gobierno y continuando por el militar que dirige la secretaría de Seguridad Pública.
Durante los honores rendidos por los cuerpos de seguridad pública a los policías fallecidos en el motín, el flamante general Guzmar Ángel González Castillo dice, no sé si buscando consolar a los deudos, enaltecer a la corporación o sintiéndose un orador de altura, que “el mejor [antes no dijo el más mayor] orgullo que puede tener un compañero de armas es morir en el campo de batalla, como lo hicieron los policías en servicio de la sociedad”. Vaya disparate.
Pareciera que el señor no se da cuenta que no está al frente de un regimiento castrense, sus épocas de comandante de zona militar ya quedaron atrás, los oficiales de la guardia civil no son compañeros de armas y el amotinamiento en el Cereso, producto de un mal manejo logístico, no es un campo de batalla; sólo faltó que dijera que los privados de su libertad son el enemigo a vencer, lo cual no sería raro considerada su formación y sus antecedentes.
Según lo dicho, para el general causa más orgullo morir a consecuencia de una mala decisión administrativa y un pésimo operativo, en un reclusorio –según la lógica y el discurso del gobernador– controlado no por el estado sino por la delincuencia, que un sistema penitenciario ordenado y adecuado a las necesidades de la población carcelaria y de la sociedad en general. No se busca, bajo esos criterios, normar, readaptar y reinsertar socialmente, se busca someter y sancionar, aun cuando esto implique la muerte de algunos elementos a su cargo.
Tampoco se puede pedir mucho, desde un inicio fue claro que el exjefe de la zona militar fue puesto en el cargo por la propia referencia y si su aguilita y las estrellas no deslumbraron al gobernador quizá lo que acabó convenciéndolo fue el carácter de sumisión que ha mostrado ante él. Sí, un militar (más un general) siempre reviste un gabinete, pero hay de generales a generales.
Agreguemos a un secretario de gobierno, sobre quien descansaría la responsabilidad de la seguridad del estado, que aplica en momentos como éste la operación avestruz, pero que además desluce la formación que como abogado y conocedor de leyes debe tener. No es lo mismo dedicarse como diputado a extorsionar alcaldes mañosos que coordinar la dependencia de mayor importancia en el Ejecutivo. ¿Qué le vería el gobernador?
Por último, aunque debe haber muchas más de estas joyas: los dichos del gobernador respecto al operativo que degeneró en motín, al autogobierno carcelario, al traslado de los reos, y las sanciones que se impondrán al reo que dice organizó todo incluido su posterior traslado a un penal federal nos lo muestran como un especialista en derecho penal y materia carcelaria. En mejores manos no podemos estar, ¡orgullo potosino!
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