Estela Ambriz Delgado
Frente a la presión inmobiliaria y la amenaza de sentencias del Poder Judicial de la Federación contra el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Sierra de San Miguelito, la organización Guardianes de la Sierra planteó a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) solicitar que su decreto sea declarado asunto de seguridad nacional, dado el deterioro ambiental en que se encuentra San Luis Potosí y el agotamiento de su acuífero.
Integrantes del colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito cuestionaron al director del APFF en la Conanp, Luis Enrique Rodríguez Sánchez, sobre la viabilidad de hacer esta nueva solicitud al gobierno federal, a fin de fortalecer la defensa de dicha comisión y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) contra resoluciones de amparo favorables para los desarrollos inmobiliarios.
Al respecto, el funcionario dijo que de logarse, el APFF sería pionera en tener ese carácter, y reconoció que al ver las problemáticas como la presión de parte del sector inmobiliario, la escasez de agua, así como pérdida de ecosistemas, coincidió con el grupo ambientalista en que sería conveniente poner la propuesta sobre la mesa e insistir, como se hizo con el decreto.
Advirtió también la necesidad de hacer el planteamiento que implicaría un beneficio para todos los potosinos, dado que se aproxima el cambio de administración federal, y aún se desconocen las relaciones que los empresarios del sector inmobiliario puedan tener con las autoridades.
Cabe recordar que en el mes de febrero, tras la sentencia 10/2022 en contra del APFF, Guardianes de la Sierra alertó de una posible andanada de resoluciones en contra del área, con las que los fraccionadores buscarán derogarla, ya que se han interpuesto decenas de amparos por dirigentes de algunos núcleos de población, aparentemente impulsados por los grupos empresariales.
Asimismo el colectivo ya cuenta con una solicitud firmada por alrededor de 10 mil personas, en la que se pide la declaratoria del decreto como asunto de seguridad nacional, el otorgamiento de medidas cautelares de los activistas de Guardianes de la Sierra de San Miguelito, así como que se investigue sobre la compra de tierras de origen comunal, y respecto a contratos de asociaciones en participación y manejo de recursos de procedencia ilícita de los empresarios que buscan destruir el decreto.
