Óscar G. Chávez
Hay varios puntos que, referentes a la administración estatal, es conveniente abordar con todo y que son inconexos entre sí, pero como elemento común, muestran la incapacidad de atención, gestión, y organización cuando se encuentra en manos de un gobernador que decide ejercer el poder de un manera vertical y unipersonal.
Hace tres semanas, por ejemplo, los titulares de la General de gobierno y de la Comisión estatal del agua (CEA) decidieron, derivado y ya montados en el largo problema que es el abastecimiento de agua, hacer creer a la opinión pública que la suspensión de las operaciones de la empresa que operaba la planta de tratamiento de agua en tanque Tenorio, obedecía a un adeudo que el Ayuntamiento de la capital mantenía con la empresa; el gobierno estatal, afirmaron, no tenía ningún adeudo con aquella. Días después la empresa en cuestión desmintió al gobernador, a su secretario y al titular de la CEA, señalando que seguía vigente y no saldado un adeudo de Gobierno del estado. Luego, como siempre ocurre cuando no saben qué responder, no los asiste la razón o de plano mienten, optaron por el silencio.
El agua es uno de los muchos temas que han sido utilizados no sólo como arma política entre los gobiernos estatal y municipal, sino también buscando capitalizar electores; pero con todo y que es un problema que el gobierno estatal se niega a atender, siempre culpando a los que le antecedieron, la administración municipal tampoco resultó muy avezada en el manejo de la crisis. Nadie le dijo al alcalde que hacer más pozos no es tener más agua; ocurre exactamente lo mismo que pensar en acabar la pobreza con la impresión de más billetes y salir a la calle a repartirlos.
Regresemos a lo estatal. El tema electoral demuestra que Gallardo no las tiene todas con él y lo sabe, o no confía mucho en la nominación de sus candidatos, y por consiguiente en sus propias selecciones. No se explica de otra forma que decida posponer el nombramiento de los secretarios que contenderán como candidatos hasta después del proceso electoral. ¿La precaución es por si no ganan?
Pero hay más, todavía, dice no saber o quizá lo entendimos mal y quiso decir desconocer, el asunto de la secrecía y reservas de información con que la secretaría de Desarrollo Urbano determinó mantener el asunto de la Feria Nacional Potosina 2023 y decidió mantener frente a la Comisión estatal de garantía de acceso a la información pública (CEGAIP), cuando es evidente que la pobre mujer que ocupa la titularidad de la dependencia no hace otra cosa que tratar de agradar a su jefe siguiendo sólo sus indicaciones; pero, también, un gobernador que no sabe, es ignorante, y uno que desconoce es porque está mal informado.
Entonces ¿el gobernador ignora el estado que guardan las diversas dependencias o sus secretarios no le informan? Nadie con dos dedos de frente lo creería, sobre todo cuando es sabido que cualquier secretario, así sea para abrir un cajón, debe contar con la venia del gobernador. El ejemplo más claro lo tenemos en el destituido titular de la secretaría de Ecología y gestión ambiental que acabó en defenestrado nada más por tratar de agradar a su jefe. Eso les pasa, finalmente, por no acercarse al titular de Turismo para que les facilite su manual perfecto de abyección, así –al igual que él– ni sufrirían ni abochornarían en el ejercicio de sus funciones.
Lo que ya definitivamente es surrealista son las declaraciones del secretario de Seguridad, quien afirma que la difusión de delitos causa desconfianza de la ciudadanía en los policías y que la Guardia civil, que él dirige, es más efectiva que las policías municipales. Seguramente el general acabado en policía piensa que los potosinos no se dan cuenta que la mayor parte de quejas ciudadanas son precisamente a miembros de la ahora llamada Guardia civil (antes policía estatal) y que, curiosamente, la propia ciudadanía tiene mayor confianza en las policías municipales (que además sólo son preventivas), que en la estatal. Por cierto, ¿qué garantía puede haber de efectividad cuando todavía están frescos los episodios de los bárbaros sucesos ocurridos al interior del Centro de readaptación social?
Concluyo. ¿Qué hay detrás de la detención de Rolando Hervert? La lógica, y después de recordar cómo se han conducido en casos similares que han antecedido a éste, nos hace suponer que el hoy todavía inculpado deberá entregar 22 millones por arriba de la mesa y otro poquito por debajo de ella. Pero también consideremos que este caso, como muchos de los guisados al vapor por la gallardía, sólo tiene como sustento el dicho del representante de una constructora, que por cierto no es propiedad del exdiputado, como se ha querido hacer creer; ni, tampoco, se trata de obra pública con la que él no hubiera cumplido. El asunto va por otro lado, pero ¿para quién va el mensaje? Quizá incluso, el mensaje pudiera ser para que se aplique quien anda operando entre los diputados la reelección del flamante fiscal, que quizá no se ha dado cuenta, pero si no lo maneja con cuidado en un descuido puede salpicar hasta a la candidata verde Sonia Mendoza quien, si se sigue la lógica que manejan, también se vio salpicada por ese asunto.
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De nuevo: Señores diputados, no sean infames, pónganse a trabajar, desquiten su salario; al menos por una sola vez en esta legislatura muestren compromiso social y humanidad, otorguen ya el indulto a Sanjuana Maldonado.
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