Estela Ambriz Delgado
Ante la gravedad del clima de tensión y hostigamiento que se vive en el ejido La Pila y sus anexos contra quienes se oponen a la venta ilegal de terrenos al grupo empresarial Mexicana de Técnicos en Autopistas (META), los ejidatarios han solicitado al Tribunal Superior Agrario (TSA) que se detenga la asamblea donde pretenden suspender sus derechos y se hagan efectivas medidas cautelares.
Los ciudadanos aportaron pruebas al expediente de queja que en 2023 fue abierto en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), debido a actos de corrupción de funcionarios del Centro San Luis Potosí de dicha dependencia.
Durante su viaje a la Ciudad de México para realizar diversas acciones de protesta y entrega de documentos, un grupo de 12 ejidatarios de La Pila, encabezados por María del Carmen Gómez Silva, presentaron una solicitud dirigida a la magistrada presidenta del TSA, Claudia Dinora Velázquez González, para que se detenga la asamblea que busca suspender sus derechos agrarios, pues es una situación que incita a un conflicto de proporciones inéditas.
“El objetivo es inhibir la defensa de nuestros derechos y los litigios que de manera respetuosa hemos realizado a favor de la legalidad de este ejido”.
En el documento señalan que han promovido una demanda agraria en el Tribunal Unitario Agrario del Vigésimo Quinto Distrito, que al día de hoy no se ha admitido ni hay resolución sobre la medida cautelar solicitada, por lo que existe el temor de que el asunto no tenga el tratamiento que por su gravedad amerita, con la debida intervención de la autoridad jurisdiccional agraria.
Asimismo, en otro documento piden a la magistrada su intervención para hacer efectiva una medida cautelar que existe en contra del Comisariado Ejidal por realizar asambleas que se encuentran suspendidas debido a una medida cautelar otorgada desde julio de 2022.
Esta medida cautelar le prohibía a la representación ejidal suscribir acuerdos y convenios sobre tierras de uso común. Sin embargo, a la fecha no se ha emitido pronunciamiento sobre la violación de la misma.
Los ejidatarios fueron recibidos por los licenciados Eugenio Armenta Ayala, Marco Antonio Lima y Rodrigo Uribe Castillo, a quienes entregaron las solicitudes. Se comprometieron a informar a la magistrada al respecto y que a la brevedad, por vía electrónica o telefónica, les informarían del acuerdo, además de que se emitiría un informe sobre los expedientes que se señalan.
También acudieron a la SICT para presentar un documento en el Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones, órgano de control interno donde ya existe un expediente de queja en contra del director general del Centro SICT San Luis Potosí, David Pablo Sánchez Solís, así como del director jurídico, Luis Antonio Toranzo Díaz de León.
Aunque en un inicio les negaron el paso, después de casi dos horas, personal de la dependencia se disculpó y les permitieron ir con la directora del área y entregaron diversas las pruebas que sustentan su denuncia de corrupción que hay en la SICT en SLP.
