Abelardo Medellín
La candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) al Senado de la República por San Luis Potosí, Ruth González Silva, ha utilizado el programa del Gobierno del Estado “Clínicas Rosas” como promesa electoral para solicitar el voto.
Luego de haber realizado una gira por el Altiplano el día de ayer, este jueves 11 de abril el equipo de comunicación social del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del PVEM emitió un boletín titulado: “Real de Catorce y Matehuala tendrán clínicas rosas: Ruth González”.
En este documento se informa que, durante la gira, la candidata al Senado prometió realizar gestiones para instalar clínicas rosas en los 58 municipios del estado, además de que buscará dar seguro médico a través de este sistema a las mujeres potosinas.
“El seguro médico para las mujeres potosinas será una realidad gracias a la gestión que realizaré en cuanto llegue al Senado de la República”, condicionó la candidata.
Antes de ser candidata al Senado, Ruth González se desempeñaba como presidenta del DIF Estatal y lo último que informó fue que no renunciaría al cargo ya que era “honorífico”.
“Las Clínicas Rosas brindan atención totalmente gratuita de médicos especialistas en oftalmología, medicina general, odontología, ginecología, entre otras áreas para el cuidado de las mujeres y sus hijos”, dijo durante su evento en el Altiplano.
El uso de este programa para la promoción de la candidata transgrede la normativa electoral, precisamente el artículo 134 constitucional.
En el documento “Artículo 134. Criterios Relevantes”, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) establece que “la inducción al voto a través de la propaganda con referencia a programas sociales, transgrede la normativa constitucional y legal (SUP-RAP-103/2009)”.
La conducta en la que ha incurrido la candidata, también viola el artículo 7 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales:
“Se impondrá de trescientos a seiscientos días multa y prisión de cuatro a nueve años a quien, utilizando bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por una o un candidato, partido político o coalición, o bien para participar o abstenerse de participar en eventos proselitistas, o para votar o abstenerse de votar por alguna opción durante el procedimiento de consulta popular”.
