Óscar G. Chávez
A la mentira siguió la difamación y, después, el pleito ratero. La secuencia no describe ninguna situación en particular, pero puede ser utilizada para ejemplificar muchas de las emprendidas por el actual gobierno de San Luis Potosí ya sean contra uno o diversos particulares (ciudadanos de a pie y cédula cuarta), contra algún político opositor, servidor público o no, o contra alguna dirección, compañía o empresa.
El ejemplo más reciente (uno de tantos) y que seguro no será el último, puede ser considerado el pleito que comenzó desde el año pasado contra la empresa Veolia, que por muchos años tuvo a su cargo el manejo de la planta tratadora de agua de Tanque Tenorio. Ya el asunto, como se dijo, es de larga data y bien conocido por los potosinos; sin embargo, pensando que alguien no lo conozca, se puede resumir de la siguiente manera: un día el gobernador de San Luis Potosí (que hasta donde se sabe, no es especialista en el tema de tratamiento de aguas negras y residuales) decidió que la empresa encargada de la planta tratadora de agua no hacía el trabajo como se debía y que, además, cobraba demasiado al estado, contando con la complicidad de un banco (que era el encargado de pagar a la empresa y además garantizarlo), por lo que tuvo la ocurrencia de dejar de pagar, retirando el recurso público de ese banco y, finalmente, dar por concluido el contrato con la empresa, echando fuera del espacio de trabajo al personal especializado. Vinieron después nuevas calumnias contra la empresa y, como a repartir culpas nadie le gana, éstas también se lanzaroncontra el organismo público encargado de la proveeduría de agua potable en la ciudad y algunos municipios contiguos.
Nada que no se supiera y nada que no se hubiera dicho.
Los dichos nuevos, aunque no tanto porque resulta ser el eco de las balandronadas del gobernador, los aportó el secretario de Finanzas (que hasta donde se sabe no es especialista ni en finanzas ni en materia jurídica) señalando que esta administración entablaría una demanda contra la empresa por cobros ilegales.
Más allá de preguntar cuál sería su interpretación del concepto de legalidad, habría que hacerlo también sobre los alcances del área jurídica de gobierno del Estado que, como es de esperarse, seguro tampoco está en manos de personas capacitadas ni con la experiencia para entablar una demanda de este tipo. Para empezar, es muy probable que ni el gobernador, ni su secretario general de Gobierno (quien sí es abogado), ni su secretario de Finanzas, su jurídico y seguro ni el titular de la Comisión estatal del agua, han leído con detenimiento el contrato establecido entre alguna administración anterior y Veolia.
Pero con todo y que lo hayan leído, con toda seguridad no lo entenderán y acabarán inventando cualquier cosa que les permita salir al paso y posicionarse frente a la opinión pública; porque si lo hubieran leído, muy probablemente se hubieran percatado que en ese tipo de contratos las empresas concesionarias nunca pierden en tanto que al firmar contratos iniciales, logran un blindaje total. A propósito, ¿qué ocurrió o en qué acabó aquel asunto en el que el gobernador declaró la guerra y amenazó con proscribir a la empresa concesionaria de las casetas de peaje para ingresar a un parque industrial? Al parecer en nada, porque nada iba a lograr; fue mejor dejar que la cosa se enfriara y apostar por el olvido.
El caso de Veolia es uno de tantos, ya no pensemos en lo verbal sino en lo económico, en los que la desmedida ambición del gobernador por controlar todo, lo hace decir y cometer barbaridades, suponiendo que al lograr desarticular la estructura ya existente, podrá tomar el control de una nueva, creada ex profeso para tal fin. Y no me refiero a la función específica, sino para permitirle controlar un algo más de recursos de la administración pública y sumarlos a sus cajas chicas.
Pongamos otros ejemplos como la Procesión del Silencio que, buscando tomar las riendas de lo que suponía el mejor negocio de la cultura y el turismo potosinos, puso en peligro y después, al desengañarse, acabó dejando por la paz o, volvamos al tema del agua, el caso de la desincorporación del municipio de Soledad de Interapas, donde los graznidos de su alcaldesa amenazaban un día sí y otro también con la irreconciliable separación, que nunca se realizó. El trasfondo era simple: desincorporar ese municipio para privatizar el agua (también alguien mencionó la desaparición del Interapas para que la Comisión Estatal del Agua tomara el control de sus activos), desafortunadamente acabaron percatándose que, dado el alto índice de cartera vencida por morosidad, esto no era costeable. Triste realidad.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente son responsabilidad de Astrolabio.
