Carlos Rubio
Lo que ocurre en el Barrio de San Miguelito no es normal y habla muy mal de un gobierno que debe representar a todos y todas, pero que con estas acciones exhibe su intolerancia e incapacidad para controlarse en momentos de tensión. No es casualidad el evidente atraso intencional en las obras de rehabilitación; es el castigo en contra del pueblo que se atrevió a revelársele al gobernador.
En este triste episodio de la historia de San Luis, el camino más fácil es culpar a los vecinos que promovieron el amparo y detuvieron las obras por unos días. Pero al día de hoy, la experiencia nos ha dicho que tuvieron la razón en exigir un verdadero proyecto que los involucrara a todos.
¿Qué ha pasado en los últimos días con el nuevo puente construido en Quintas de la Hacienda? Ahora las familias enfrentan diariamente un calvario para poder cruzar la calle y recoger a sus niños de al menos tres escuelas cercanas. Como ahora los automóviles no se detienen ni disminuyen la velocidad al bajar del puente, los padres se han tenido que organizar para fungir como agentes de tránsito y evitar accidentes mortales.
¿Quién debía prever esta situación de riesgo para la gente? El gobierno. ¿Por qué no lo hicieron? Porque sus mentes cerradas no los dejaron ver más allá de gastar una millonada en un puente con una inservible (y horrible) estructura metálica a la que le llaman tirantes.
Cuando el límite es el presupuesto se nota; cuando es la falta de voluntad, también se nota; pero cuando es la capacidad, no solo se nota, sino que se termina convirtiendo en un riesgo para miles de personas.
Regresando a San Miguelito, durante el evento que dio arranque a la obra, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo que la plusvalía de las casas iba a pasar de “10 pesos” a “20 pesos”.
¿Cuánto costarán ahora, si antes tenían adoquín y ahora son de terracería? ¿Qué pasa si hoy un habitante de San Miguelito tiene la necesidad de vender su casa, cuya calle se encuentra sin drenaje ni banquetas y el polvo se mete aunque esté cerrada la puerta? Esto por hablar tan solo en lo económico, porque hoy el gobierno se puede jactar de pagar la obra, pero ¿quién va a pagar por las afectaciones a la salud física y mental de todos los que viven ahí? Lo que hoy hace el gobierno estatal ahí es terrible.
“La gente no puede seguir viviendo en un barrio donde sus calles estén en malas condiciones, donde no tengan el alumbrado adecuado y, sobre todo, en un barrio tan icónico como es el Barrio de San Miguelito”, fue otra parte del discurso que Gallardo Cardona pronunció aquel 15 de agosto de 2023; ocho meses después, él es el causante de que la calidad de vida en la zona se haya desmoronado.
Ya hay personas con enfermedades en los ojos por el polvo, adultos mayores lesionados por caídas y hasta accidentes de automóviles causados por las obras, qué tan grave se debe poner la situación para que el gobierno muestre una pizca de humanidad, ¿acaso se debe cobrar una vida para llegar a ese punto?
Lo que comenzó como otro pseudo evento del gobernador, terminó siendo una pesadilla para un icónico barrio –como él lo llamó–, que a pesar de sus múltiples problemas que sí tenía, al menos era un lugar habitable y con vida.
Hoy San Miguelito no es más que el reflejo de la venganza sobre un pueblo que se atrevió a cuestionar y a ponerle un alto al autoritarismo.
Hoy San Miguelito sufre las consecuencias de no callar y alzar la voz ante un gobierno improvisado.
Pero hoy San Miguelito sigue en pie de lucha, ante todo.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital, con interés y experiencia en Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública. Formó parte de la tercera generación del MásterLab en edición de investigaciones organizado por Quinto Elemento Lab.
