Estela Ambriz Delgado
Ejidatarios de La Pila y sus anexos expusieron diversas problemáticas que enfrentan, lo que ha derivado en un conflicto social y agrario que pone en riesgo su integridad física y la de sus familias, además de las afectaciones a sus tierras parceladas y de uso común, por lo cual demandan la nulidad de la asamblea en la que se les privó de sus derechos, así como una auditoría al comisariado ejidal.
Miguel Adán López Ávalos explicó que tras diversos juicios de amparo que han presentado ante constantes irregularidades en el manejo de sus tierras por parte de las autoridades del ejido en contra de Mexicana de Técnicos en Autopistas (Meta), y la empresa de gas Termicentro, establecida a la entrada de la delegación, se les ha pretendido privar ilegalmente de sus derechos a alrededor de 60 ejidatarios en una asamblea llevada a cabo el 14 de abril del presente año.
Ante la situación, los ejidatarios demandan la nulidad de distintas actas relativas a la asamblea a la que no asistieron debido a que su realización contraviene a la ley y a las instancias en la materia, y por tanto no podrán ser inscritas ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
“Ahora el presentar una impugnación por algo que me está perjudicando es motivo para privarme de mis derechos como ejidatario (…). Tengo derecho al uso común y las autoridades ejidales en turno están vendiendo una parte de la superficie que me corresponde a mí, a Eulogio, a Guadalupe, y a todos los 500 y fracción de ejidatarios que somos”, dijo López Ávalos.
De igual manera, el ejidatario precisó que a ellos no les han regularizado sus predios, y es a todas luces irregular que quien fue presidente del comisariado en el 2018, Pedro Adrián Martínez López, se haya asignado 166 hectáreas a su favor. Mientras que a quienes tiene décadas viviendo en el ejido les dejaron sus tierras como de uso común, ya que son las personas que están en contra de los atropellos que se cometen.
Eulogio López Delgado explicó que la asamblea de delimitaciones en el 2018 fue impugnada por ellos en 2019, y los juzgados les otorgaron una medida precautoria para que se mantengan las cosas en el estado que se encuentran, por lo que los certificados parcelarios que en ese tiempo se otorgaron prácticamente están en el limbo, y no son válidos en tanto que no se resuelva.
Asimismo, informó que ante esta y otras irregularidades, como las afectaciones por el indebido convenio de ocupación previa y el pago hecho por Meta, han solicitado a la Procuraduría Agraria federal una auditoría interna a los representantes del ejido, con la finalidad de regularizar la tenencia de sus tierras, además de que sus derechos queden claros y firmes, tanto los individuales como colectivos.
“Estamos solicitando dentro de la auditoría, que se finquen responsabilidades y que se aclare la situación de los pagos indebidos, queremos que se aclaren las cuentas dónde se le depositaron los dineros que provienen del Gobierno del Estado, y que en este sentido se nos diga cuántos empresarios o quiénes tienen hasta ahorita las cantidades de tierras que dicen tener”.
López Delgado señaló que hay un empresario que “es muy radical”, Héctor Gómez Valle, de quien se tiene copia de al menos 40 contratos de compraventa de más de 80 hectáreas del ejido hasta el 2016, por lo que calculó que a estas fechas debe de tener más de 300 hectáreas.
“Él presume de tener una inversión de 150 millones en La Pila, él es el sobrino político del ex gobernador Carrera López. Es una persona radical, es una persona que nos amenaza, e inclusive hacemos responsable a él y a algunos empresarios de la integridad física de nosotros y de nuestras familias, porque nos amedrentan, nos amenazan y nos dicen que si no nos quitamos o nos hacemos a un lado de nuestra lucha agraria, pues nos van a pasar cosas o que nos aténganos a las consecuencias”.
Además, el ejidatario indicó que también señalan a algunos funcionarios públicos que están inmiscuidos, tanto del RAN como de la PA, que en su momento solicitarán que se les finquen responsabilidades por estar inmiscuidos en la compra y venta ilegal de tierras en el ejido de La Pila, tras los resultados de la auditoría que solicitaron el pasado 7 de mayo, dentro de aproximadamente dos meses.
López Delgado mencionó que, pese a que han intentado concertar reuniones con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, no han tenido ninguna respuesta, pero derivado de la auditoría esperan que pronto se pueda concretar para que apoye a de dar solución al problema.
