Por Victoriano Martínez
El panorama que presentó Gustavo Barrera López a los comuneros de San Juan de Guadalupe y a directivos de Espacios en el Horizonte el 30 de junio del año pasado, con la anulación del Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito y una sentencia en contra de la Presidencia de la República por daños y perjuicios por cuatro mil millones de pesos… se borró.
La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) ya cuenta con documentación oficial en la que tanto el juicio de amparo contra el Área Natural Protegida (ANP) como la demanda de daños y perjuicios han fracasado y se consolida la protección a la Sierra de San Miguelito.
El 28 de agosto de 2023, a 59 días de que Barrera López pronosticara la victoria en los litigios que él promovía, la demanda por daños y perjuicios en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador fue sobreseída (ver acuerdo número 40 entre las páginas 14 y 15) por la Sala Especializada Ambiental y de Regulación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
El sobreseimiento era inevitable, de acuerdo con los abogados que conocieron del tema, dado que se presentaron corridas financieras de los presuntos daños económicos a nombre de una empresa de asociación en participación para el desarrollo inmobiliario en la que participaban los comuneros, cuando la constitución de sociedades inmobiliarias en ejidos y comunidades no existe, es decir, la empresa no podía existir.
Desde el sobreseimiento de ese juicio, el panorama para los desarrolladores inmobiliarios que pretendían urbanizar en un momento 2 mil 68 hectáreas y previo a la declaratoria de ANP las redujeron a mil 805 hectáreas de la Sierra de San Miguelito con el proyecto Las Cañadas inició una ruta de fracturas entre los grupos empresariales involucrados.
Para el mes de noviembre del año pasado se renovó la directiva de la empresa Espacios en el Horizonte para pasar al dominio del grupo encabezado por Alejandro Tamayo.
En el mes de enero, Barrera López abandonó los litigios que había pronosticado que para ese mes ya habrían sido resueltos de manera favorable a las autoridades ejidales y a la empresa promotora del proyecto Las Cañadas.
A pesar de estos antecedentes, el pasado 28 de abril los nuevos directivos de Empresas en el Horizonte con el comisariado comunal de San Juan de Guadalupe lanzaron un borrego con la convocatoria a una asamblea que se realizaría el 28 de abril, en la que presuntamente anunciarían la anulación de la ANP Sierra de San Miguelito.
Aquella asamblea no se realizó por falta de quorum y se citó en segunda convocatoria para este domingo 12 de mayo, cuyos resultados revelaron los alcances en las fracturas internas en el grupo de empresarios que pretenden urbanizar parte de la Sierra.
Durante la asamblea, los comuneros acordaron por mayoría de votos dejar sin efecto contratos y acuerdos que se tenían con empresarios del sector inmobiliario y también con el Gobierno del Estado.
Entre las revelaciones que se dieron durante la asamblea se encuentra el hecho de que los comuneros afirman que, a raíz del enfrentamiento entre los empresarios, el grupo Tamayo es apoyado por el exgobernador Marcelo de los Santos Fraga y asesorado por Diego Fernández de Ceballos, lo que hace suponer que habría sustituido a Barrera López.
En el caso del convenio con el Gobierno del Estado, exhibieron que la construcción del puente elevado atrás de la FENAPO, en el cruce de Avenida Juárez y el Bulevar Antonio Rocha Cordero, se logró con promesas falsas para destrabar un litigio de varios lustros. A pesar de que lo ofrecido se comprometió en un acuerdo por escrito, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona no les ha cumplido a los comuneros.
Los desarrolladores inmobiliarios ya no tienen solamente la declaratoria de ANP para la Sierra de San Miguelito como obstáculo para su proyecto depredador, sino que ahora ya no cuentan con los comuneros de San Juan de Guadalupe.
Durante la reunión del 30 de junio de 2023, los empresarios advirtieron a los comuneros sobre cantidades millonarias que han invertido, entre las que se encuentran pagos-préstamos realizados a los propios integrantes de la comunidad.
“Vamos entonces a ver cómo nos retribuyen los que les hemos pagado”, les dijeron. “A nosotros nada más reconózcanos la cantidad que les hemos dado, en tierra, traemos un valuador … y así se acabó ya el problema”.
Los comuneros dieron este pasado domingo un primer paso para librarse del acoso empresarial para apropiarse de sus tierras. Ahora habrá que ver la reacción de los desarrolladores inmobiliarios.
