Estela Ambriz Delgado
El Centro Potosino de Estudios Políticos y Sociales “Dr. Salvador Nava Martínez” llevó a cabo el Foro Acceso a la Información Pública: realidades y retos, en donde los periodistas Samuel Bonilla Nuñez y Victoriano Martínez Guzmán expusieron el panorama actual de la transparencia en San Luis Potosí, así como las posibilidades de acceder a este derecho para abonar a la solución de diversas problemáticas de la población.
El pasado viernes 17 de mayo tuvo lugar este foro en el que Samuel Bonilla habló de diversas experiencias y casos de éxito en su programa “Transparencia para todos”, en donde se llevan a cabo talleres, seminarios y laboratorios, en donde se hacen ejercicios reales sobre problemáticas concretas para darles solución, al tiempo de poner en práctica su derecho de acceso a la información.
Por otra parte, en el evento destacó que en el estado el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que establece la ley, que es la información pública que todas las dependencias deben difundir de oficio a través de las plataformas federal y estatal, va a la baja, pues como indicó Martínez Guzmán, en enero de 2022 se cumplía con el 82.78 por ciento, y para abril de este año ya ha caído al 62.75 por ciento, es decir, existe una opacidad abierta del 37.25 por ciento.
Sin embargo, el periodista dijo que esa cifra es sólo cuantitativa, porque cualquier persona que pretenda consultar la información presuntamente publicada, ese 62.75 por ciento, se va a encontrar con que “lo ponen a buscar una aguja en un pajar, pero un pajar en el que no está la aguja”.
Para mostrar de manera gráfica la situación, elaboró una gráfica y tabla en la que se muestra el tamaño de la simulación: entre enero de 2022 y el pasado mes de abril, los 258 sujetos obligados subieron a la Plataforma Estatal de Transparencia 499 mil 954 formatos en los que se supone que se encuentra la información que deben publicar o, en su defecto, los accesos a los documentos que la contienen.
Aunque Victoriano Martínez explicó que en su mayoría no está la información, sino una aclaración que afirma que la información no se genera, y cuando hay algo de información, está incompleta, testada totalmente o rasurada.
“La mayor parte de los documentos que suben son basura, paja. Una paja en la que esconden una aguja que no incluyen. Entre lo que no publican y lo que simulan publicar las dependencias, la actitud real de los sujetos obligados, de los servidores públicos, no es la de aplicar el principio de máxima publicidad, sino el principio de máxima opacidad”.
Por otra parte, en lo referente a la segunda vía de acceso a la información, las solicitudes durante la presente administración, se encontró que el 16.72 por ciento aparecen como no atendidas; en suma, con el 11.67 que no se entrega, se tiene que en el 28.35 por ciento abiertamente se le niega la información al solicitante.
No obstante, el periodista dijo que en el 71.65 por ciento que se supone que si responden con la entrega de la información, también se trata de una simulación, pues Astrolabio y otros medios han solicitado la información que no publican sobre licitaciones de compras y obras y aunque, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) y la Oficialía Mayor reportan como atendidas esas solicitudes, cuando no han entregado ni un solo documento y sí en cambio han recurrido, en el caso de Seduvop, a ampararse contra la orden de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) para que se entreguen los contratos relacionados con la Feria Nacional Potosina.
En este sentido, Martínez Guzmán precisó que las solicitudes presentadas son el indicador de la participación de la población en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, por lo que en esta vía lo que cuenta es el grado de participación de la población y, sobre todo, hasta dónde está dispuesto a llegar para hacerlo efectivo, pues al no recibir la información la instancia a acudir es CEGAIP, para presentar un recurso de revisión.
Señaló que acudir a la CEGAIP y perseverar en dar seguimiento a sus recursos de revisión representa una actitud del solicitante que atiende a un principio de máxima participación, el cual presenta un índice muy bajo, lo que relacionó con el hecho de que los comisionados son más aliados de los funcionarios opacos que de hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública, dado que la posibilidad de que resuelvan a favor del solicitante es de uno de cada 15.6 recursos de revisión.
