Abelardo Medellín
Un grupo de 22 organizaciones y 25 firmantes particulares emitieron un comunicado a través del cual denuncian que el Congreso del Estado de San Luis Potosí pretende nombrar a un fiscal general del estado por un periodo de siete años, a pesar de que la ley no lo permite.
A través de un documento titulado “No al #FiscalCarnal en San Luis Potosí”, la organización “La Justicia que Queremos”, respaldada por otros colectivos y organizaciones, señaló que desde la renuncia de José Luis Ruíz Contreras, anterior titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), la presidencia del Poder Legislativo ha hecho pública su pretensión de nombrar un nuevo fiscal por un periodo de siete años.
“En San Luis Potosí, la autonomía fue constitucionalizada en el artículo 122 Bis, donde se establece que la duración del cargo será de siete años, pero que, en caso de que se presente una ausencia definitiva por renuncia, la persona que se elija sólo podrá ser nombrada para concluir el periodo para el que fue electa la persona que se está supliendo”, explicó.
La organización señaló que como el anterior fiscal estaba por terminar su periodo el 26 octubre de 2024, entonces el o la nueva titular de la fiscalía solo podría ocupar el cargo por un periodo de cinco meses.
Según el comunicado, si se nombra un fiscal por un periodo mayor a los cinco meses que le restaban al anterior, esto violaría la Constitución, comprometería la autonomía de la Fiscalía y socavaría la institución del Ministerio Público, pues se busca imponer a un fiscal a modo en beneficio del Ejecutivo, que lo propone, en lugar de uno que vele por los intereses de la ciudadanía.
Dadas las condiciones en que se ha dado esta elección, los firmantes y organizaciones pidieron al Legislativo lo siguiente: Las organizaciones pidieron al legislativo respeto a la constitución y a la autonomía del ministerio público; que el nombramiento que se está por dar sea para concluir el periodo y no por siete años; que se garantice que la persona elegida no tiene vínculos con ningún poder del Estado y que cumpla con el perfil y la experiencia requerida “para hacer frente a la impunidad que vive el país”.
La organización añadió que, en México, la impunidad que se padece se debe, en mucho, a la complicidad y omisión de las fiscalías, ya que manda el mensaje de que la violencia está permitida.
