Abelardo Medellín
María Manuela García Cázares se negó a opinar sobre la legalidad detrás de su nombramiento como nueva fiscal general del estado por siete años, para el cual rindió protesta la tarde de este jueves 23 de mayo.
Durante las últimas dos semanas, organizaciones sociales y especialistas señalaron que el nombramiento de fiscal general promovido por el Congreso del Estado violaba la ley, pues pretendía nombrar a la persona titular por siete años y no por cinco meses, como debería ser para cubrir la vacante que dejó José Luis Ruiz Contreras luego de su renuncia, en atención a lo que dicta la ley.
Luego de fue nombrada por unanimidad en la sesión de este 23 de mayo por el Pleno del Congreso del Estado, se le cuestionó a la nueva fiscal si esperaba recibir amparos o impugnaciones por su nuevo nombramiento; ante los cuestionamientos se limitó a decir:
“Es una situación que no me corresponde, fue una decisión del Congreso, no sé si habrá amparos o no”.
Pese a que la nueva fiscal acaba de renunciar a su cargo como presidenta magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), García Cázares aseveró que no podía dar una opinión de un tema jurídico como las posibles impugnaciones contra su nombramiento.
Ante las elusivas de la fiscal recién nombrada, se le preguntó directamente si su nombramiento violó o no la ley en la materia, pero solo respondió que “esa es una situación que no me compete a mí, no me compete definitivamente”.
En el artículo 122 Bis de la Constitución del Estado se establece que la duración del cargo como fiscal será de siete años, pero que en caso de que se presente una ausencia definitiva por renuncia, la persona que se elija sólo podrá ser nombrada para concluir el periodo para el que fue electa la persona que se suple.
Ante dicha consideran legal, la fiscal recién nombrada debió asumir el cargo solo por los cinco meses que le quedaban en el cargo a José Luis Ruiz Contreras, quien renunció hace dos semanas.
