Fernanda Durán
El caso de Sanjuana Maldonado Amaya ha tomado un giro significativo con la presentación de nuevos documentos que cuestionan la validez de las acusaciones en su contra, al no haber información o noticias de las víctimas del delito contra la libertad de las personas, por el que fue detenida en 2009, en el municipio de Matehuala, de manera irregular por autoridades federales, sin una orden y un debido proceso.
Desde el pasado 9 de mayo, la defensa de Sanjuana entregó al Poder Legislativo una serie de documentos entre los que se incluyeron detalles sobre las víctimas en las que resalta que desde el inicio de la investigación en su contra la ofendida de iniciales M.S.O, mencionó y demostró con unas pruebas de audio que su voz no coincidía con las voces de quienes le llamaban para pedir el dinero del rescate, puesto que todos eran hombres. De igual manera, señala que no hay datos que acrediten su participación, como se expuso en el documento inicial y que incluso hay elementos que me colocan a Sanjuana en situación de víctima.
En el documento se destaca la dificultad para localizar a las presuntas víctimas, con múltiples intentos infructuosos de notificación con exhortos judiciales. Se menciona específicamente la falta de respuesta en varias fechas por ejemplo entre septiembre y agosto de 2022 donde en uno de ellos se especifica que hubo un intento de notificación a la victima por parte del personal judicial, pero al realizar la diligencia en el domicilio otorgado por la ofendida en la denuncia, les abrieron la puerta del inmueble, les comentaron que ahí no habita ninguna persona con ese nombre y que no los conocen.
Con ello, consideran que se refuerza la ausencia de las víctimas en momentos procesales cruciales como los careos, incluso la ausencia de un representante legal. Además, se señala la falta de documentos que acrediten la identidad de las víctimas y la falta de actuaciones por parte de ellas en el expediente.
“Todo lo expuesto refuerza la idea de que actualmente no existen víctimas reales identificables que pudieran reclamar un derecho. Por lo tanto, fui victima de la construcción de un caso en mi contra porque soy inocente”, reiteró Sanjuana en el documento, luego de exponer que de forma inesperada y en el marco de la entrega de la petición de su indulto, en febrero de este año, el Juzgado Regional de Ejecución de Penas y Medidas, en Ciudad Valles, emitió un nuevo exhorto para llevar a cabo diligencias a fin de intentar localizar nuevamente a la víctima y ofendida, pero tampoco se logró.
Las inconsistencias señaladas por Sanjuana y su defensa sobre la construcción de un caso en su contra se da porque su caso fue desarrollado durante el endurecimiento de las medidas punitivas provocadas por la guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón, en medio de violencias de género estructurales y sin un análisis de perspectiva de género.
El Congreso y su dictamen a favor del indulto
A pesar de que las comisiones de Gobernación y Justicia del Congreso ya tienen un dictamen favorable a su libertad, algunos diputados integrantes de estas mesas de análisis como Rubén Guajardo Barrera han mantenido su escepticismo, argumentando la necesidad de encontrar a las supuestas víctimas del delito por el cual fue imputada. Aunque también ya recibieron los documentos donde se les informa que no se ha logrado localizar a estas presuntas víctimas.
Ahora a más de dos meses de la solicitud, sin una temporalidad establecida para que el Poder Legislativo decida si concederá el indulto, su defensa, familiares, amigos, diversos colectivos y activistas, exigen que se agilice la respuesta, a través de diversos documentos y pruebas. Puesto que, Sanjuana ha pasado 15 años en prisión sin posibilidad de una preliberación, debido a que los condenados por secuestro no tienen este derecho.
