Dos semanas después no hay justicia para Diego.
A dos semanas del aciago diecisiete de julio, no hay asomo de justicia para Diego, el niño de doce años que perdió la vida en un parque acuático donde se divertían, niños y niñas del Camping de Verano 2015 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí
De hecho, en los campus universitarios y en el edificio central y en los pasillos de cualquier oficina universitaria y en la rectoría se fijó la tarea de echar en olvido esa efeméride y, en su lugar, todos se pusieron a pensar en el diez de agosto, fecha que se avista histórica toda vez que el Congreso del Estado, en sesión extraordinaria, aprobará la entrega de la Presea Plan de San Luis al rector Manuel Fermín Villar Rubio.
Desde el mismo diecisiete de julio, en la universidad se ha hecho todo lo posible por colocar la tragedia como un simple accidente en el que no hay responsables entre las filas universitarias.
La universidad es una de esas instituciones cuya maquinaria política funciona a la perfección, hay un control total de lo que ocurre al interior de ésta y cuando algo llega a ocurrir, resulta poco menos que imposible que se sepa y, de haber alguna filtración que despierte alguna chispa, se le sofoca de inmediato.
La universidad es como un ser vivo que se protege ante cualquier calamidad y desde lo alto de su pirámide de poder, se ordena, se dan instrucciones, se planifica, se socializa lo que mejor convenga.
Desde el diecisiete de julio cuando murió Diego, esa maquinaria de precisión empezó a trabajar y vale la pena reiterar, lo hace a la perfección: el tema de Diego prácticamente ha desaparecido de la agenda de información pública, la casi totalidad de medios le han hecho el vacío, columnistas y articulistas no tienen en Diego tema para analizar y en el circulo rojo de la política todos se han desentendido.
Se cuida que nadie tenga contacto con esa tragedia, por ejemplo, la síntesis informativa que elabora todos los días él área de comunicación y difusión no incluye para nada el asunto, salvo la postura de la universidad el día de la muerte de Diego. Después nada.
Pero en la universidad no se han conformado con eso y, por distintas vías, se ha buscado a como de lugar, que la familia de Diego no incrimine a la universidad, que nadie de la UASLP tuvo ninguna responsabilidad.
Las medidas adoptadas a favor de silenciar el tema y dejarlo en la oscuridad y frialdad de los pasillos de la Procuraduría General de Justicia, ha venido funcionando: cada vez se recuerda menos la muerte de Diego.
El tema es que los diputados están por votar el dictamen de comisiones en el que se resolvió entregar la presea Plan de San Luis al rector de la UASLP. Los meritos del rector convencerán a los 27 diputados a apoyar el dictamen.
Ninguno de los diputados ha tenido al menos curiosidad para conocer la historia de Diego y reflexionar si, alguien que busca el deslinde de responsabilidades de la institución que encabeza, merece una distinción.
Villar Rubio no ha tenido calidad humana para acercarse a los deudos de Diego en estos quince días. Tampoco ha tenido el tino moral de ofrecer declaraciones a la prensa y mucho menos ha tenido voluntad de investigar y sancionar la probable responsabilidad de empleados universitarios.
Ante una conducta tan omisa e inhumana, cabría preguntar si acaso el rector merece una condecoración como la que le preparan los diputados locales.
