Por Victoriano Martínez
Cuando el 8 de marzo de 2021, la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una resolución que consideró que “existe la posibilidad de cambiar al sistema de usos y costumbres para la elección de sus autoridades municipales” en Tanlajás, Tancanhuitz y San Antonio era de esperar que para estas elecciones ya sería un hecho.
No obstante, omisiones por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) y de los diputados del Congreso del Estado han provocado que la lucha que los tres municipios con mayor porcentaje de población indígena mantienen desde hace seis años no logre resultados.
En diciembre de 2022, el CEEPAC elaboró un “Informe de acciones para contribuir al ejercicio de la libre autodeterminación de pueblos y comunidades indígenas en San Luis Potosí” en el que destacaba el rechazo a la presencia de los partidos políticos en esos tres municipios.
“Acordar la NO promoción de los partidos en las Comunidades Indígenas”, señala el punto 10 de ese informe en un apartado denominado “Organización social” (página 9).
Este 2 de junio, los indígenas de esos tres municipios se vieron obligados a participar una vez más en una elección de autoridades, a pesar de que consideran la intervención de los partidos políticos como “el mayor obstáculo para el ejercicio de sus derechos político-electorales”.
Desde la Consulta Indígena que realizó el Congreso del Estado en 2022 (página 659), las comunidades indígenas rechazaron a los partidos políticos por provocar “la discriminación hacia las comunidades en el sistema de elección que se traduce en la falta de inclusión de la opinión de los pueblos y comunidades indígenas”.
El Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) denunció que, para las elecciones de este domingo, los indígenas enfrentaron, como siempre, maniobras de manipulación por parte de los partidos políticos por estar en condiciones que lo facilitan.
Señalaron como esos factores la vulnerabilidad económica, los débiles lineamientos electorales para este sector, la ausencia de fiscalización electoral, y la falta de información.
“Lo más preocupante no es este escenario complejo. sino que la pelea real y visceral por los ayuntamientos, es una pelea por territorios y soterradamente se da entre grupos de dudosa calidad moral, presumiblemente vinculados a ilegalidades, siendo la figura de los partidos utilizados solo como pantalla medio para hacerse del gobierno local”, advirtió Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del OIM.
En el caso de los tres municipios que han iniciado desde 2018 una lucha jurídica para que se les reconozca sus usos y costumbres para nombrar a sus autoridades, el nivel de participación de las elecciones muestra el grado de interés que tienen que lograr una verdadera representación.
De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del CEEPAC, la participación general en las votaciones de este domingo fue del 61.15 por ciento, muy por debajo de la que se dio en esos tres municipios.
De los tres, donde hubo la menor participación fue en Tancanhuitz, donde acudió a votar el 73.21 por ciento de los electores de la lista nominal. En el caso de Tanlajás, la participación fue del 74.29 por ciento, y en San Antonio del 81.24 por ciento.
Para el OIM no hay duda de que las elecciones del domingo confirmaron la urgencia del sistema de usos y costumbres para las comunidades indígenas, y no es la primera vez que lo manifiestan, sino que también lo han reclamado formalmente, lo han manifestado en consultas, y el rechazo al sistema de partidos en sus comunidades es totalmente abierto.
¿Hasta dónde el CEEPAC y el Congreso del Estado pretenden ignorar esa demanda de los grupos indígenas? ¿Cuánto más podrán aguantar las comunidades indígenas antes de adoptar acciones de otra naturaleza ante lo infructuoso que les ha resultado recorrer y agotar las vías legales?
