Marcela Del Muro
“No hemos podido tener paz ni tranquilidad, estamos en un peligro constante. Si dejan libre a uno, es el camino para que suelten a los demás. Y, si me matan, es culpa de ellos (el Poder Judicial y la Fiscalía) que permitieron que saliera”, señala Rosalinda Ávalos, el pasado 4 de junio se enteró que una juez concedió un amparo a uno de los nueve procesados por el asesinato de su hijo Carlos y su hija Daniela, abriendo la posibilidad de que salga libre y poniendo en peligro su vida y la de su otra hija, que es sobreviviente del ataque armado.
La agresión que vivieron las hijas y el hijo de la comandante Rosalinda, en noviembre de 2020, fue una venganza por el trabajo de investigación que realizaba su madre en la delegación de La Pila, en la capital de San Luis Potosí. Durante un patrullaje, halló una camioneta con reporte de robo que se encontraba circulando por la calle; al detenerlos, se dio cuenta que eran compañeros de la misma policía ministerial. Rosalinda avisó a sus superiores y comenzó a investigar la relación entre sus colegas y el aumento de autos robados en la capital y en Soledad de Graciano Sánchez.
Sin saberlo, Rosalinda se estaba metiendo a la boca del lobo. La policía comenzó a investigar a integrantes del Cartel de la Ministerial, una agrupación conformada por policías de investigación de la Fiscalía que estaban ligados a un cartel de delincuencia organizada y, se dice, eran liderados por el mismo jefe de la corporación.
La comandante comenzó a recibir amenazas por mensaje de texto y también directamente de sus compañeros de trabajo, avisó nuevamente a sus superiores, sin detener su trabajo de investigación. “Me mandaron un mensaje amenazando que le harían daño a mi hija Daniela, la estaban vigilando porque sabían hasta el nombre de su gimnasio”, relata la madre.
La tarde del 11 de noviembre de 2020, los atacantes a bordo de una Jetta entraron hasta su casa, ubicada en Soledad de Graciano Sánchez, y balacearon a sus hijos, Dani y Carlos murieron en el momento. “Vivo con el dolor que dejó la ausencia de mis hijos, pero también vivo con miedo. Hubo muchas consecuencias porque no podemos estar tranquilas, nos la pasamos cambiándonos de casa porque hasta este año detuvieron a uno de los últimos policías”.
La Fiscalía anunció las primeras detenciones en julio de 2021, cuatro civiles, tres de ellos presos por otros delitos, y un integrante de la Dirección General de Métodos de Investigación. En abril de 2024 se detuvo al último policía de investigación implicado. Hasta ahora hay nueve personas vinculadas a proceso, cuatro civiles y cinco ministeriales, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa; cuya defensa ha retrasado de todas formas posibles el inicio del juicio.
La madre de Daniela y Carlos, que tenían 18 y 20 años al momento de su asesinato, percibe que el agente del Ministerio Público y su asesor víctima tienen miedo. Algo que ha complicado el desarrollo de la investigación y la planeación del próximo juicio es que algunos de los testigos que señalaron a los ahora procesados han sido asesinados.
Rosalinda está desesperada, el 6 de junio interpuso un recurso de revisión, esperando que se niegue el amparo para el policía que, presuntamente, asesinó a sus hijos, y exige que se le brinden medidas de protección para ella y su hija; también pide una reunión con la nueva fiscal a cargo, Manuela García Cazares. La señora Rosalinda, que aún es policía de investigación, pide justicia para su hija Dani y su hijo Carlos.
