Olga Elizabeth Lucio Huerta
En 2012, Karla Pontigo de 22 años fue encontrada desangrándose en el Bar Play en donde trabajaba. Falleció un día después a causa de las heridas. La familia de Karla declaró que Jorge Vasilakos, dueño del bar y de otros centros nocturnos en la ciudad, solía acosarla sexualmente, lo cual no fue considerado al momento de la investigación de su muerte. Fue hasta 2019 que la Suprema Corte de Justicia ordenó reclasificar el caso como feminicidio y volver a investigar la causa con perspectiva de género.
A la par de esta tragedia, cuando aún no se hablaba de feminicidios, yo tenía 16 años y comencé a buscar espacios de esparcimiento en donde pudiera salir a bailar, cantar y a divertirme con mis amigas y amigos. En ese momento, las fiestas clandestinas, los antros y bares donde no se pedía la credencial de elector eran la única opción. Los desafíos de la noche eran las peleas campales, las bebidas adulteradas, el acoso, agresiones sexuales y hasta balaceras. Afortunadamente y, a pesar de que mi vida corrió varias veces peligro, sobreviví a ser una mujer joven en busca de espacios seguros para ejercer mi derecho al esparcimiento, a la cultura y al libre desarrollo de la personalidad en un territorio adultista que constantemente criminaliza y acusa a las personas jóvenes de ser “irresponsables” por exponerse a la noche y por intentar ocupar el espacio público.
La noche del pasado 7 de junio del 2024, 2 jóvenes perdieron la vida y 15 resultaron heridos, después de que colapsara un barandal de vidrio mientras intentaban ingresar al antro “Rich” durante un evento del artista de corridos tumbados Kevin AMF. Sin empacho, las redes sociales se llenaron de fotos y videos de los jóvenes heridos en el suelo. Sin respeto alguno a la dignidad e integridad de las víctimas y sus familias, algunos medios de comunicación replicaron las imágenes y, por su parte, los comentarios y opiniones no se hicieron esperar:
Mientras los opinólogos indolentes de redes sociales y columnistas de opinión se encargan de victimizar a las juventudes, es un hecho que se difumina la responsabilidad de los centros nocturnos que se llenan los bolsillos a costa de la poca o nula garantía del Estado para crear y promover espacios seguros para las juventudes.
En la misma línea, el asesinato en impunidad de Sua, un joven de 24 años apuñalado a su salida del Bar Glitter, hace apenas un año, muestra como incluso en el ejercicio del derecho de las personas al goce y al ocio no contamos con seguridad mínima para ello y que el acceso a la justicia sigue muy lejos para las personas jóvenes pertenecientes a comunidades vulnerables.
Y es que parece que los jóvenes no tenemos derecho de habitar el espacio público. Hace apenas unos días una persona joven perteneciente a la comunidad LGBTQ+ fue agredida por dos elementos policiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de San Luis Potosí, mientras realizaba vogue (un baile de protesta adoptado por la comunidad LGBTTTIQ+) en la Plaza de Armas, para ser posteriormente criminalizado en las redes sociales de la dependencia, acusandolo de acoso sexual.
Los casos citados se suman a la deuda histórica que tienen las autoridades municipales y estatales con las juventudes, que mientras se echan “la pelotita”, realizan operativos y clausuras para taparle el “ojo al macho”, se pierde de vista que las y los jóvenes tenemos derecho a espacios seguros, que el derecho a la cultura también incluye el deseo de bailar por la noche, de cantar y beber con las y los amigos. Tenemos derecho de habitar las calles sin temor a ser víctimas de feminicidio, de una detención arbitraria, de un asalto o de perder la vida por omisión de las autoridades.
Olga Elizabeth Lucio Huerta es activista feminista y defensora de derechos humanos, actualmente colabora en Lúminas A.C y en Marea Verde SLP, es pasante en Lengua y Literatura. Cuenta con formación en perspectiva de género, derechos humanos y educación popular.
Lúminas, A.C. es una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos con especial atención en las mujeres y las infancias y sus Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). La integran Olga Elizabeth Lucio Huerta, Gabriela Alejandra Rodríguez Cárdenas, Mónica Reynoso Morales, Fátima Patricia Hernández Alvizo y Maritza Aguilar Martínez.
