Por Victoriano Martínez
La depredación inmobiliaria de la Sierra de San Miguelito no se evitó con la declaratoria de Área Natural Protegida (ANP) del 13 de diciembre de 2021 porque ya había comenzado desde 1993, para iniciar los desarrollos residenciales al poniente de la ciudad, cuyos efectos negativos no sólo han afectado al resto de la ciudad, sino que ya empiezan a verse en la propia zona.
Con el decreto publicado en el Diario Oficial el lunes 6 de enero de 1992, que reformó el artículo 27 de la Constitución federal, el presidente Carlos Salinas de Gortari abrió la posibilidad de la venta y privatización de las tierras ejidales.
Los grandes especuladores de tierras en la ciudad, para la entrada en vigor de ese decreto, casualmente ya estaban preparados con proyectos y fue aquí, en el Ejido Garita de Jalisco, donde se dio uno de los primeros convenios entre empresarios y ejidatarios para cambiar el régimen de propiedad.
El resultado fue que los barones del cemento se apropiaron de más de 800 hectáreas del Ejido Garita de Jalisco que, de no haber ocurrido esa privatización, hoy tendrían que haber sido incluidas en el Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito.
Para esa zona, el decreto de ANP llegó 30 años tarde y luego de que la mayor parte de ese territorio ha sido forrado con concreto, se han construido fraccionamientos residenciales de lujo, instalaciones universitarias, oficinas gubernamentales, plazas comerciales… sin importar los daños ecológicos.
“El destino cobra facturas, como es la crisis hídrica provocada por la irrupción inmobiliaria en la Sierra, las inundaciones por la destrucción de las corrientes naturales de agua y de las zonas de recarga de los acuíferos. La depredación de esta parte de la Sierra acelera el cambio climático que nos azota y nos hace sentir la venganza de la naturaleza”, describieron los Guardianes de la Sierra de San Miguelito.
Uno de esos edificios gubernamentales levantado sobre terrenos que son parte de la Sierra de San Miguelito que ha devorado la invasión del concreto es el Centro de Convenciones, en cuya torre ejecutiva despacha el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Justo del lado sur de ese edificio fue detectado este miércoles por parte de los Guardianes de la Sierra de San Miguelito otro efecto nocivo de la proliferación de construcciones sin considerar los efectos que el terreno puede provocar: el borde de un edificio que se identifica como complejo de apartamentos La Herradura colapsó y puso en riesgo la construcción.
“Un operativo de protección civil desvía el tráfico y se ordena blindar medios de comunicación para ocultar los hechos.
“La desesperación de los fraccionadores de no poder avanzar sobre la Sierra de San Miguelito por el Decreto de Flora y Fauna del 13 de diciembre del 2021, hace buscar a los barones del cemento lo que quede y donde se “pueda” construir”, fue el comentario publicado por los Guardianes de la Sierra al difundir las primeras fotografías del colapso.
Desde su oficina, Gallardo Cardona es testigo de primera mano de las construcciones que realizan los desarrolladores inmobiliarios que poco respeto tienen para las áreas que fueran consideradas pie de monte de la Sierra de San Miguelito con este otro tipo de riesgo que se acaba de manifestar.
El caso de La Herradura es el primero que se conoce, pero no es el único que se encuentra en áreas similares que pudieran enfrentar el mismo riesgo.
¿Cuántos edificios podrían presentar esa misma situación de riesgo en toda esa zona?
Más valdría que se realizara una revisión y un inventario preciso antes de que se tuviera que lamentar una tragedia por una circunstancia que, con el aviso de La Herradura, puede ser considerada previsible… además de revisar la responsabilidad de quienes autorizaron ese tipo de construcciones.
